Con un presupuesto de 2.682,5 millones de euros (excluyendo Pesca y los fondos FEGA), el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía contempla un incremento real para las políticas agrarias y medioambientales de 353 millones de euros, es decir un 15,15 % más que el ejercicio prorrogado de 2023, donde alcanzó los 2.329,5 millones de euros.

El proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía contempla un incremento de casi el 25% del presupuesto de la Consejería de Agricultura, que contará con 2.329,5 millones de euros (excluyendo la Pesca y los fondos del FEGA), lo que permite contar con 456 millones de euros más que en el presupuesto prorrogado de 2022.

Se trata sin duda de una buena noticia para el sector agrario, tal como puso de manifiesto esta semana en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía el director general de ASAJA-Andalucía, Félix García de Leyaristy, quien tras analizar la estructura del gasto de la Consejería de Agricultura valoró que el 70% del presupuesto (uno de cada tres euros) se destine a inversiones.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha ampliado el plazo para solicitar las ayudas dirigidas a incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas forestales de Andalucía de la convocatoria 2019, cuya dotación asciende a 106 millones de euros.

Ante la publicación en diversos medios de comunicación de distintas provincias de rumores que apuntaban a la supresión del régimen de módulos del IRPF, desde ASAJA nos hemos dirigido a la Agencia Estatal Tributaria para aclarar y/o confirmar la veracidad de esta importante cuestión para el sector agrario, ante la alarma que la publicación de estos rumores estaba provocando en el sector.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa) y el Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT) de los productos de este sector. La norma da respuesta a las reclamaciones de ASAJA-Sevilla para avanzar en la simplificación administrativa, reforzar la lucha contra los robos en el campo, mejorar la seguridad alimentaria y garantizar la trazabilidad en la primera fase de la comercialización. Los dos nuevos instrumentos son de carácter obligatorio, pero se regulan bajo el principio de máxima agilización de trámites.

El pasado 12 de octubre, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión alcanzaron un principio de acuerdo sobre los aspectos agrícolas del Reglamento Ómnibus. Como es conocido, el Reglamento Ómnibus para la revisión del actual Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea, hace referencia a las normas financieras aplicables al presupuesto general de la UE y afecta a múltiples partidas de diversas políticas, entre ellas la agraria. La propuesta se publicó en 2016 como parte del paquete de revisión del marco financiero plurianual (MFP), que es el presupuesto a largo plazo de la UE.

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC). La consulta está abierta a la participación de toda la sociedad. La Comisión Europea, mediante un cuestionario en internet, quiere que todos los ciudadanos den su opinión sobre cómo se debería modernizar y simplificar la PAC. El carácter abierto de esta consulta hace aún más importante que quienes vivimos de la actividad agraria y ganadera nos pronunciemos y participemos, si no queremos que sean otros los que opinen por nosotros.

Resulta paradójico que recién terminada la anterior Reforma, con la que los agricultores y ganaderos aún nos estamos familiarizando, se abra de nuevo un procedimiento para debatir sobre el futuro de la PAC a partir del año 2020.