En los últimos años se han perdido 90.000 puestos de trabajo en el campo y no hay mano de obra para atender las campañas de recolección

Tendría efectos devastadores para un sector que ve cómo se incrementan diariamente los abandonos empresariales y los cierres de explotaciones

Con la última subida del SMI pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos CCOO y UGT, el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado en 344 euros en los últimos cinco años, con el consiguiente incremento en las bases mínimas de cotización. A este disparado incremento de los costes salariales debemos añadir los incrementos de precios de prácticamente todos los bienes de producción (semillas, fertilizantes, abonos, piensos y, por supuesto, combustibles y energía). Con unos costes de producción desorbitados y sin margen de maniobra para poner precio a lo que los agricultores y ganaderos producen, la viabilidad del sector atraviesa un momento crítico y se dispara el número de explotaciones agrarias que se ven abocadas al cierre.

El Parlamento Europeo ha aprobado esta semana nuevas reglas comunitarias para proteger a los agricultores frente a las prácticas comerciales desleales.

La nueva legislación, aprobada con 589 votos a favor, 72 en contra y 9 abstenciones, incluye una lista de prácticas prohibidas, como el retraso en el pago de productos ya entregados, la cancelación unilateral tardía de un pedido o la modificación retroactiva del mismo, el rechazo del comprador a firmar un contrato con el proveedor o el uso incorrecto de información confidencial. El texto también prohíbe amenazar a los productores con dejar de consumir sus productos o retrasar los pagos si estos presentan alguna reclamación.