El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del incremento del crédito destinado a la convocatoria 2018 de ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores en 45 millones de euros respecto a su dotación inicial, fijada en 30 millones de euros. El presupuesto global asciende finalmente a 75 millones de euros que representan más del doble de la cantidad asignada en un principio al respaldo de los emprendedores andaluces que apuestan por la actividad agraria. A ello se suma, además, una convocatoria específica con cargo a la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz dotada con 13 millones de euros.
El Gobierno de Andalucía prevé atender con estas partidas la solicitud de más de 1.350 jóvenes de la comunidad autónoma que cumplen con las condiciones exigidas en las bases reguladoras de estas subvenciones.
El objetivo de los incentivos, que se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 y están cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), es garantizar el relevo generacional en el campo andaluz. Asimismo, el Gobierno de Andalucía persigue también potenciar la creación de empleo y el desarrollo económico de las zonas rurales, evitando la despoblación y abandono de estas áreas.
A esta cantidad se suman las subvenciones de la convocatoria 2015 y 2016 abonadas a lo largo de 2019, cuyo valor global supera los 28 millones de euros y que, sumadas a 2018, elevan a un centenar de millones de euros la cantidad puesta a disposición del sector por el nuevo Gobierno andaluz.
A esta clara apuesta económica, se añade la labor que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible está realizando para simplificar la normativa y acabar con trabas burocráticas que retrasaban el acceso a los fondos por parte de los beneficiarios. En este caso concreto, desde el Gobierno andaluz se ha actuado modificando las bases reguladoras de las subvenciones para jóvenes agricultores con el fin de que puedan recibir el 25% de las ayudas en el momento de la aprobación de su solicitud únicamente justificando el inicio de la actividad. Asimismo, se han flexibilizado las exigencias relativas al programa empresarial para permitir su modificación.
