Prescindir de los herbicidas basados en el glifosato supondría un impacto económico negativo que ascendería a 2.124 millones de euros en términos de producción, suponiendo un 0,10% de la Producción Nacional. Asimismo, en términos de empleo las pérdidas que podría acarrear la no renovación ascenderían a casi 5.000 empleos.
Estas son las principales conclusiones que se deducen del Estudio Impacto socioeconómico de la Agricultura de Conservación y de la no renovación de la autorización del glifosato en España, elaborado por PwC, que presentó el pasado mes de julio la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), que es la voz de la industria fitosanitaria en España (adjuntamos dicho informe).
La causa de tan altas pérdidas monetarias y laborales se producirían en gran medida como consecuencia de la disminución de la producción agrícola, que afectaría a la actividad de los sectores relacionados –proveedores, clientes, sector de la alimentación, la agricultura, hostelería y la restauración y el comercio al por mayor y al por menor-.
No renovar la autorización del glifosato afectaría principalmente al sector agrícola generando tres efectos inmediatos sobre la producción agrícola que actualmente lo utiliza: la disminución de la producción por hectárea en un 10% en promedio para el conjunto de cultivos, el aumento de la carga de trabajo de los agricultores y el aumento del coste de la producción agrícola.
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