La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha impuesto sanciones firmes a empresas por valor de 1.265.725,36 euros en 2025 por incumplir la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, lo que supone un incremento del 49,92 % respecto a 2024. Esa cifra es casi tres veces superior al importe de multas relativo en 2023 (504.973 euros); en total, en estos tres años, el valor de las sanciones firmes han sumado 2.614.926,12 euros, según esta agencia, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El Gobierno ha prorrogado la posibilidad de contratar dos potencias eléctricas al año en el regadío hasta el próximo 31 de diciembre, según un decreto publicado hoy jueves 27 de junio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El ministro de Agricultura, Luis Planas, confirmó el pasado 3 de abril, en la primera reunión del año del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que la conversión de este organismo en agencia estatal se producirá lo antes posible, bien a través de un texto legal ad hoc o mediante de una disposición adicional en la futura Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentarios.

A mediados de septiembre, apenas en los primeros compases de la campaña de verdeo y ante las malas perspectivas que ya auguraban una cosecha de aceituna muy baja,  ASAJA-Sevilla ya pedía a los productores que defendiesen «un precio razonable» para la aceituna.

Como publica la periodista Natalia Ortiz en ABC, ASAJA advertía, además, que había que evitar «irregularidades», siendo obligatorio el cumplimiento de la Ley de la Cadena, que exige un contrato en el que figure por escrito un precio referenciado que cubra los costes productivos.

El grupo de trabajo solicitará una reunión con la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación para impulsar un estudio sobre la competitividad del sector citrícola andaluz

Las organizaciones han abordado los efectos del incremento de las importaciones de países terceros en el funcionamiento de los mercados, la situación de los precios y la inasumible subida de costes

Los productores de tomate industrial de la provincia de Sevilla que confiaron su producción al principal grupo nacional de transformación de tomate, el extremeño Conesa, denuncian «incumplimientos de los plazos de recolección firmados por contrato», pues hay agricultores a los que las cosechadoras y los camiones «le han llegado entre 15 y 20 días más tarde de lo acordado, y hay otros que, a día de hoy, no saben siquiera cuando podrán terminar de recolectar su cosecha».

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha publicado el Informe anual de la actividad inspectora y de control 2016 que presenta la estadística anual correspondiente al pasado ejercicio y, por primera vez, se suman a las inspecciones en la cadena el resto de funciones de la Agencia.

Según se desprende del Informe, 2016 ha sido el año en el que AICA se ha consolidado como organismo referente en el control de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.