El ministro de Agricultura, Luis Planas, confirmó el pasado 3 de abril, en la primera reunión del año del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que la conversión de este organismo en agencia estatal se producirá lo antes posible, bien a través de un texto legal ad hoc o mediante de una disposición adicional en la futura Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentarios.
Tal como manifestó el ministro, esta conversión se traducirá en “una mayor estructura, con más medios humanos y materiales para desempeñar sus funciones”, lo que le permitirá “reforzar significativamente su capacidad inspectora”.
En este encuentro el ministro avanzó que a lo largo de 2024 la actividad de la AICA priorizará la comprobación y el cumplimiento de los contratos alimentarios, con especial atención a la modificación del precio a partir de la aplicación de descuentos no acordados previamente. También indicó que se dará preferencia al control de los sectores con más riesgo de que sus liquidaciones y pagos no sean superiores al coste efectivo de producción, así como a la vigilancia de cancelación de pedidos. Y anunció también el refuerzo de la capacidad inspectora de la AICA.
A lo largo de 2023, la AICA impuso un total de 382 sanciones a operadores de la cadena alimentaria, lo que supuso un aumento del 40,4% en comparación con el año precedente. Casi la mitad de ellas -un 48 %- correspondieron a infracciones por incumplimiento de plazos de pago, sobre todo, en el eslabón mayorista.
También han sido objeto de sanción la ausencia de contratos o la falta, en los que sí se han realizado, de elementos mínimos como, por ejemplo, el precio del producto motivo de transacción. Las modificaciones unilaterales no pactadas por contrato y la destrucción de valor en la cadena alimentaria también aparecen en la lista de los principales motivos de penalización.
Por sectores, los que registraron más infracciones con sanción fueron el de frutas y hortalizas, que acaparó 165, seguido del vitivinícola (96), el de aceite de oliva (40), bovino (37), aceituna de mesa (19) y lácteo (17).
A estas sanciones hay que sumar las aprobadas por los organismos autonómicos que también tienen competencias en el control y vigilancia del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. El año pasado impusieron 167 sanciones, un 33,6 % más que en 2022. Estas últimas han recaído principalmente en empresas del eslabón de la industria alimentaria.
Todas las sanciones son fruto de los controles de oficio de la AICA y las comunidades autónomas, así como de las investigaciones realizadas en ambos casos tras las denuncias recibidas por presuntos incumplimientos de la Ley de la cadena.
La AICA, en concreto, ha investigado durante el pasado año 32 denuncias, un 39,1 % más que en 2022, y las comunidades autónomas, otras 18.
En total, las denuncias y las actuaciones de oficio durante 2023 se tradujeron en el control de un total de 2.371 relaciones comerciales de la cadena alimentaria, lo que representa un 59,4 % más que en los doce meses anteriores. La AICA tiene competencia sancionadora en relaciones comerciales que tienen lugar entre empresas con sedes en distintas comunidades autónomas o en las que, por razones de trazabilidad previsible del producto objeto del contrato, exceda del ámbito autonómico.
Los organismos de inspección de cada comunidad autónoma, por su parte, han controlado en su territorio otras 2.871 relaciones comerciales, según el Informe de la actividad de las comunidades autónomas en 2023 que, junto al Informe de la actividad inspectora y de control de AICA en el ámbito de la cadena alimentaria en 2023 se han dado hoy a conocer.
Las denuncias a la AICA son confidenciales
En su intervención en el Consejo Asesor de la AICA, Luis Planas subrayó la necesidad de que se traslade a los organismos de control y vigilancia del funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria toda irregularidad comercial que se constate, bien por un particular, una empresa o por una organización o asociación del ámbito agroalimentario o del ámbito de consumo. Ha remarcado el carácter confidencial de las denuncias, y ha precisado que el año pasado, casi dos tercios de las recibidas e investigadas terminaron en sanción.
El ministro recordó que desde el 30 de junio de 2023 es obligatorio inscribir en el Registro de Contratos Alimentarios, al que se accede a través de una aplicación de la web de AICA, los contratos alimentarios con productores primarios y agrupación de productores. Este registro constituye una “herramienta determinante” para la labor de inspección de la Agencia.
