El pasado martes, 25 de abril, el Boletin Oficial del Estado publicó la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se reducen los Índices de Rendimiento Neto aplicables en 2022 en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el denominado sistema de módulos agrarios para agricultores y ganaderos. Como informa la periodista Natalia Ortiz en ABC, la publicación es de vital importancia en pleno período de presentación de la Declaración de la Renta de 2022, pues el de módulos es un sistema simplificado de declaración, por el que tributan la gran mayoría de las explotaciones agrarias en Andalucía y también a nivel nacional. En concreto, se calcula que, a nivel nacional, unos 800.000 agricultores y ganaderos tributan por este sistema.

Adjuntamos por su interés la presentación de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que se expuso durante la reunión de la Mesa de los Cítricos celebrada el pasado miércoles, 19 de abril: Los cítricos en Andalucía.

En este documento se informa sobre la actual campaña 2022/2023, que comenzó con retraso por la falta de calibre y por el retraso en el envero de la fruta, consecuencia de las altas temperaturas, la baja disponibilidad de agua y la ausencia de contraste térmico en el mes de octubre

La mejora varietal y la apuesta por nuevos marcos de plantación son dos de las vías a las que pueden acceder los agricultores para modernizar sus explotaciones, reducir costes y adaptarse a los mercados. Así se ha puesto de manifiesto en la Jornada de Innovación en el Olivar ante los desafíos que plantea la nueva PAC organizada por ASAJA-Sevilla junto a Todolivo, empresa especializada en olivicultura y servicios integrales.

En el apartado Tierra y Vida de esta página web tienes disponible el último número de nuestra revista (461), correspondiente a los meses de marzo y abril, en el que recogemos los asuntos más interesantes sucedidos durante los dos últimos dos meses.

Destacamos, entre otros asuntos, la apertura del plazo, el pasado 1 de marzo, para que todos los agricultores y ganaderos españoles  pidan las ayudas de la PAC, más de 600.000. Pero en la práctica, y pese al retraso de un mes en la fecha de apertura del plazo, se ha llegado al 15 de marzo sin que la nueva normativa esté adecuadamente implementada en el programa. Y es que la que nos vendían como una PAC más sencilla y menos burocrática es todo lo contrario, y todo apunta a que en este 2023, primer año en el que estará en vigor el nuevo Plan estratégico nacional de la PAC (PEPAC) van a ser frecuentes los quebraderos de cabeza de los agricultores, los ganaderos y las entidades reconocidas para la gestión de la PAC.

El campo andaluz está viviendo una de sus crisis más graves. Como publica la periodista Natalia Ortiz en ABC, acuciado por la subida de costes, la influencia de la guerra de Ucrania y arrastrando aún los efectos de la pandemia del coronavirus, ahora se enfrenta a otro escollo más que va a hacer tambalear la rentabilidad de numerosas explotaciones: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 8% ,hasta hasta situarse en 1.080 euros al mes.

Con la última subida del SMI pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos CCOO y UGT, el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado en 344 euros en los últimos cinco años, con el consiguiente incremento en las bases mínimas de cotización. A este disparado incremento de los costes salariales debemos añadir los incrementos de precios de prácticamente todos los bienes de producción (semillas, fertilizantes, abonos, piensos y, por supuesto, combustibles y energía). Con unos costes de producción desorbitados y sin margen de maniobra para poner precio a lo que los agricultores y ganaderos producen, la viabilidad del sector atraviesa un momento crítico y se dispara el número de explotaciones agrarias que se ven abocadas al cierre.

A mediados de septiembre, apenas en los primeros compases de la campaña de verdeo y ante las malas perspectivas que ya auguraban una cosecha de aceituna muy baja,  ASAJA-Sevilla ya pedía a los productores que defendiesen «un precio razonable» para la aceituna.

Como publica la periodista Natalia Ortiz en ABC, ASAJA advertía, además, que había que evitar «irregularidades», siendo obligatorio el cumplimiento de la Ley de la Cadena, que exige un contrato en el que figure por escrito un precio referenciado que cubra los costes productivos.