La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha mostrado su satisfacción, en lo que ha catalogado como un momento histórico, por haber llegado, una vez más, a un acuerdo con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) -ASAJA, COAG y UPA- y Cooperativas-Agroalimentarias, en este caso para plantear alegaciones conjuntas al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac). Crespo ha destacado que “esta alianza tiene como objetivo la defensa de nuestros agricultores y ganaderos y la búsqueda de las mejores soluciones para reducir al máximo el impacto que suponen los cambios que trae consigo la nueva PAC”.

Una vez aprobado el Plan Estratégico de la PAC por parte de la Comisión Europea y en base a los últimos documentos de trabajo del MAPA para su apliación en España, ASAJA-Sevilla ha elaborado un completo informe donde se analiza el contenido de esta nueva Política Agrícola Común que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2023.

Además de presentar este documento en la intesa ronda de reuniones informativas que ASAJA-Sevilla puso en marcha el pasado mes de septiembre para llevar de primera mano a sus agricultores y ganaderos asociados toda la información con la que contamos y contribuir a aclarar las numerosas dudas y consultas que se nos plantean de cara a la aplicación de este nueva normativa, hemos puesto a disposición de todos nuestros asociados la ponencia que estamos presentando en dichos encuentros, y que pueden descargar en el apartado de Asociados/Informes de esta página web.

La PAC actual establece como requisito que los perceptores de los pagos directos sean agricultores activos. Por ello, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha elaborado una circular de coordinación donde se establecen los criterios generales y específicos para el control de la figura de agricultor activo y el control previo del cumplimiento de la actividad agraria en base a lo establecido en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, tanto en personas físicas como en personas jurídicas, para la campaña 2022.

La nueva PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, es uno de los asuntos que mayor preocupación genera en el campo andaluz y ha sido el detonante de las sonadas movilizaciones que en unidad de acción han convocado las organizaciones agrarias y cooperativas de la región en los dos últimos años.

Cuando quedan pocos días para que el Ministerio de Agricultura remita a la Comisión Europea el Plan Estratégico Nacional de la PAC con las correcciones que Bruselas planteó a la versión anterior, parece que está en vías de solución una de las cuestiones que más alarma ha generado en las últimas semanas y que es muy importante para Andalucía, la de la articulación en la nueva PAC de las entidades en régimen de atribución de rentas, explotaciones familiares gestionadas en común.

Ante la que tal vez sea la última oportunidad para salvar los muebles en la nueva PAC, ASAJA-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han instado hoy al Ministerio de Agricultura a reconsiderar la configuración de las regiones productivas y de los ecoesquemas, las dos medidas más importantes del Plan Estratégico nacional de la PAC, cuyo diseño perjudica gravemente a los agricultores y los ganaderos andaluces, que perderán 500 millones de euros si el departamento de Luis Planas no contempla en su propuesta final las demandas que en el último año han trasladado todas las organizaciones representativas del campo andaluz.

La propuesta de Plan Estratégico de la PAC que el Gobierno de España envió ayer a la Comisión Europea penaliza la diversidad productiva y supone un claro agravio para los agricultores y ganaderos andaluces que, si no se logra modificar y entra finalmente en vigor en 2023 tal y como ahora está redactada, perderán más 450 millones de euros en el quinquenio 2023-2027.

El documento que presentó el pasado martes en el Consejo de Ministros el titular de Agricultura, Luis Planas, y que ayer envió el Gobierno a Bruselas no refleja el planteamiento unánime que le ha trasladado Andalucía, región que cuenta con 230.000 agricultores y ganaderos, uno de cada tres de quienes desarrollan la actividad agraria en nuestro país, a quienes esta propuesta asesta un tijeretazo de más de 90 millones de euros anuales. Por lo que una PAC que no es buena para Andalucía, que no es buena para uno de cada tres agricultores españoles, no puede ser buena para España.

Comienza la campaña de la Política Agraria Común (PAC) en un ambiente de total crispación en el campo andaluz, tras las críticas al Real Decreto 41/2021 que recoge las disposiciones para la aplicación en España de las ayudas europeas en 2021 y 2022, años de transición hasta la entrada en vigor de la nueva reforma agraria en 2023.