Con la publicación, in extremis, de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regula el sistema de gestión de la PAC y otras materias conexas y otros ocho reales decretos, ha entrado definitivamente en vigor en España la reforma de la PAC más involucionista y retrógrada de las que hemos conocido desde el ingreso de España en la Unión Europea en 1986.

El Tribunal Supremo ha atendido la reclamación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero, por el que se exigía a Andalucía el pago de 63,7 millones de euros correspondientes a la sanción europea en relación con las ayudas en zonas de pastos. Desde la Junta se había advertido en numerosas ocasiones del "perjuicio económico" que provocaría la decisión del Gobierno central de derivar a las comunidades autónomas (junto a Andalucía hay otras diez perjudicadas por esta situación) la sanción de 262,8 millones de euros que la Comisión Europea le impuso al Ejecutivo central por el aprovechamiento de los pastos.

El responsable de ASAJA-Sevilla en Doñana, Emilio Vieira, ha advertido del "problemón" y la "tremenda ruina" que se presenta para unas 400 familias en la zona de Isla Mayor (Sevilla) con la prohibición de la pesca y comercialización del cangrejo rojo, y de la que "sólo hay un único y directo responsable: Ecologistas en Acción".

En declaraciones a Europa Press, Vieira ha calificado la situación de "un horror" y ha considerado que "el problema viene de una pandilla de irresponsables que carecen de responsabilidad social". "La única solución pasa por que Bruselas diga que por motivos 'x' salva el problema", ha apuntado.