El Servicio de Investigaciones Económicas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha analizado el impacto en la economía y en la seguridad alimentaria que tendrá la reducción de los insumos a la agricultura de la Unión Europea tras la entrada en vigor de las limitaciones impuestas por las estrategias “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad 2030”, que se adoptarán en virtud del Pacto Verde de la UE.

Según el citado estudio, las restricciones que se pretenden imponer a los agricultores y ganaderos europeos en el uso de la tierra, los fertilizantes, los antimicrobianos y los fitosanitarios tendrán un impacto global: reducirán el volumen de alimentos producidos, incrementarán los precios mundiales de los alimentos y la población en situación de vulnerabilidad alimentaria.

El estudio plantea tres escenarios y en función de la intensidad de las medidas adoptadas la reducción de la producción agraria en la UE oscilará entre el 7 y el 12% (lo que disminuirá la competitividad de los agricultores europeos y de su industria agroalimentaria en los mercados nacionales y de exportación), los precios de los alimentos se incrementarán entre el 9 y el 89% y la población en situación de vulnerabilidad alimentaria se incrementaría a una cifra que oscilaría entre los 22 y los 185 millones de personas.

Este informe, que se hizo público a finales de 2020, refuerza las severas críticas de ASAJA-Sevilla a la Comisión Europea y a su vicepresidente, Frans Timmermans, el pasado mayo, cuando presentó sus estrategias “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad 2030”, en plena pandemia y con media Europa confinada y con fuertes restricciones de movilidad. Ya entonces mostramos nuestro estupor ante la ausencia de un estudio de impacto que avalara las reducciones y limitaciones que en ambas estrategias se pretenden imponer a la producción agraria en Europa y avanzamos que tendrían un efecto indeseado en la capacidad productiva de la UE y en la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones comunitarias.

En ambas estrategias se plantean exigencias de reducción de uso de insumos y cambios de prácticas productivas.

- Reducción del uso de plaguicidas en un 50%.

- Reducción del uso de fertilizantes en un 20%.

- Reducción del uso de antimicrobianos para el ganado en un 50%.

- Retirada del 10% de las tierras de cultivo existente de uso agrícola.

Pues bien, el Departamento de Agricultura de los EE.UU., que sí ha hecho un estudio de impacto, considera que las estrategias comunitarias anunciadas en mayo dentro del Pacto Verde Europeo pueden suponer un cambio de política que afecte a los mercados internacionales de productos básicos agrícolas y, por consiguiente, al sistema alimentario y agrícola en general, puesto que la UE es un importante productor agrícola y un actor destacado en el comercio agrícola internacional.

El análisis del USDA, que contempla las repercusiones de estas estrategias en un plazo estimado de 8-10 años se centra en tres escenarios de adopción diferentes.

Escenario 1: la UE es la única que aplica las Estrategias y el comercio está permitido normalmente.

Escenario 2: un “escenario intermedio”, extiende las restricciones a los insumos agrícolas a los socios comerciales de la UE que dependen de las exportaciones de alimentos y productos agrícolas a la UE. Se simula que la UE restringe el 50% de las importaciones de las regiones que no adoptan las Estrategias.

Escenario 3: un “escenario global”, el estudio considera los impactos del caso de adopción global de las Estrategias.

Si fuera solamente la UE quien adoptara con carácter unilateral estas restricciones productivas, la producción agrícola de la UE se reduciría en un 12%, aumentando los precios en un 17% y bajando las exportaciones en un 20%, subiendo las importaciones en un 2%, se reduciría el ingreso agrícola bruto en un 16% y aumentaría el costo anual de los alimentos per cápita en la UE. Estos efectos serían menores para la UE a medida que otros países los adoptaran, pero incluso en el caso de adopción mundial, se producirían importantes efectos de reducción de la producción (7%), con incrementos aún significativos en los precios de los alimentos, reducción del comercio mundial agroalimentario y reducción importante, aunque algo más moderada, del PIB europeo (12%).

Según el estudio USDA, uno de los principales efectos perversos sería el aumento mundial de la inseguridad alimentaria (medida como el número de personas que carecen de acceso a una dieta de al menos 2.100 calorías diarias), que aumentaría considerablemente en los 76 países de ingresos bajos y medios, en particular en África.

Para 2030, el número de personas que padecen inseguridad alimentaria en el caso de la adopción de la UE aumentaría en 22 millones más de lo previsto sin las Estrategias propuestas por la CE. El número ascendería a 103 millones en la hipótesis intermedia y a 185 millones en la hipótesis de adopción mundial.

Ante estos datos tan preocupantes revelados por el estudio USDA, y la falta del pertinente estudio de impacto que la Comisión debería haber realizado hace ya meses, es necesario que la Comisión analice de forma seria, independiente y descargada de criterios ideológicos, y con carácter previo a su implantación en las políticas comunitarias de la UE, entre ellas la PAC, las posibles consecuencias que las estrategias “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad 2030”,y fundamentalmente las imposiciones que en ambas estrategias se detallan, puedan acarrear, no solo a la producción agraria, sino al precio de los alimentos, el comercio internacional de productos agroalimentarios, el PIB agrario y general en la UE y la seguridad alimentaria como Objetivo Global de Desarrollo, especialmente en los países menos avanzados.