La nueva Política Agraria Común, que se aplicará a través del Plan Estratégico, ha traído tantos cambios normativos que, como publica la periodista Nataliza Ortiz en ABC, las organizaciones y los agricultores aún están asimilándolos. «Está siendo difícil de digerir»,  reconoce Antonio Caro, coordinador de los Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla, que hace una advertencia: el 1 de marzo, fecha en la que empieza el plazo de solicitud única de ayudas de la PAC, está a la vuelta de la esquina, y antes de esa fecha «es recomendable tener claros los conceptos clave» para poder hacer cambios, si fuese necesario,  en los planes de cultivo.

Desde el pasado miércoles, 1 de febrero, se pueden consultar a través del Visor y del servicio web de mapas (WMS) del SIGPAC nacional, lo que se conoce como la caché de campaña 2023 y que se describe a continuación, en base a la cual se deberán declarar las superficies de la Solicitud Única de Ayudas en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 (PEPAC), cuyo periodo de presentación comienza el 1 de marzo.

La nueva Política Agraria Común, que marcará un cambio muy importante para el campo español y andaluz, ya está en vigor.  Como publica la periodista Natalia Ortiz en ABC, queda por delante, un primer año (estará en vigor hasta 2027) en el que se pondrá a prueba el Plan Estratégico Estratégico de la PAC, que articulará su aplicación, y se intentarán limar muchas de las incertidumbres que, aún a día de hoy, rodean a la nueva normativa y a su efecto en el campo.

Hoy se han publicado en el Boletín Oficial del Estado cinco nuevos reales decretos de la PAC, así como la Orden por la que se fija para el año 2023 la renta de referencia. En la última semana del año se han publicado también otras de las últimas normas necesarias para la aplicación de esta política, que entra en vigor el próximo 1 de enero.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de diciembre, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), un paquete legislativo compuesto por ocho reales decretos que regulan la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para el próximo periodo de programación 2023-27. Con estos ocho nuevos reales decretos se completa el entramado legislativo necesario para implementar el plan estratégico nacional para la aplicación de la nueva PAC en España que le Comisión Europea aprobó el pasado 31 de agosto.

El secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, publica hoy en ABC de Sevilla una tribuna donde analiza las consecuencias que traerá la aprobación por parte de la CE,  el pasado 31 de agosto, del Plan Estratégico Nacional de la PAC del ministro Planas al que se ha opuesto todo el sector agrario andaluz y que carece del necesario consenso nacional, pues son varias las comunidades autónomas que se han pronunciado en contra.

El Plan Estratégico Nacional para la PAC se aprobó formalmente el pasado 31 de agosto, lo que supone una desafortunada noticia para Andalucía, pues finalmente el Ministro de Agricultura ha ignorado las principales demandas realizadas por el sector agrario andaluz. En la práctica, dicho documento es la base sobre la que se desarrollará la normativa nacional de aplicación de la nueva PAC a partir del 1 de enero de 2023. Esta normativa nacional, que desarrollará dicho Plan, aún no está publicada, existiendo además dudas interpretativas sobre lo que hemos podido analizar en los borradores que el Ministerio de Agricultura nos ha trasladado sobre la citada normativa nacional y sobre las que desde ASAJA-Sevilla hemos realizado gran cantidad de alegaciones que, esperemos sean tenidas en cuenta.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha salido con la suya. Ayer mostraba su felicidad por la aprobación definitiva por parte de la Unión Europea del Plan Estratégico que España ha diseñado para llevar a cabo la aplicación, a partir del 1 de enero de 2023, de la nueva reforma de la Política Agraria Común –PAC-.

Una dicha que el sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, no entiende ni aprueba, ya que el ministro ha culminado lo que siempre “inexplicablemente” ha perseguido, que es el trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades autónomas.