Según se refleja en su informe de actividad, de estos 157 expedientes, 89 han concluido con propuesta de sanción, que conllevan 261 sanciones, ya que un solo expediente puede conllevar varias sanciones. De estos 89 expedientes, el 56% son por incumplimiento de los plazos de pago. Mientras, otros 49 han sido archivados y 23 permanecen aún en distintas fases de su tramitación administrativa.

De los expedientes que han dado lugar a propuesta de sanción, 50 se han incoado por incumplimiento de los plazos de pago; 21 por no contestar a los requerimientos de AICA; 13 por ausencia de contratos; 4 por no incluir todos los extremos necesarios en los contratos y uno por modificación contractual no pactada.

Asimismo, en el informe de AICA se destaca la agilidad con la que se han resuelto los expedientes, en una media de cinco meses, por debajo del tiempo que marca la legislación, así como el número de sanciones impuestas.

Expedientes por sectores

En concreto, de los 157 expedientes incoados, el 64% (101 expedientes) corresponde a la distribución comercial mayorista, fundamentalmente en los asentadores de frutas y hortalizas que operan en los Mercas; mientras que otro 27% (43 expedientes) está relacionado con la distribución minorista. En concreto, 19 se han abierto a tiendas de descuento, 20 a supermercados, 3 a tiendas tradicionales y 1 a un hipermercado.

Además, el 30% de las sanciones propuestas están vinculadas al sector lácteo (80), y el resto corresponden a los sectores de frutas y hortalizas (168), aceite (7) y carne de pollo (6).

Desde su creación en enero de 2014 hasta el 1 de noviembre de 2015, AICA ha realizado 723 inspecciones a empresas o establecimientos, en las que se han controlado más de 3.000 operaciones comerciales.

Al mismo tiempo, desde octubre de 2015 se han realizado 344 requerimientos a viticultores, a los que se ha solicitado información sobre contratos y datos de entrega de uva a las bodegas.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente encargado del control del cumplimiento de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en lo que respecta a las relaciones comerciales, es decir, operaciones de compra-venta de alimentos y materias primas entre agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentos y bebidas, y distribuidores del sector agroalimentario.