Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA muestran su más rotundo rechazo al documento de bases para la elaboración de una estrategia para la conservación y gestión del lobo en España planteado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Exigen su retirada inmediata y la apertura de un proceso de diálogo con todos los actores implicados (organizaciones profesionales agrarias, ONGs medioambientalistas, expertos y CC.AA afectadas) para negociar un nuevo plan de gestión y control del lobo que recoja un análisis actualizado del número real de manadas y ejemplares que existen en España y las posibles medidas para facilitar la coexistencia con la ganadería, el control poblacional y las compensaciones frente a los daños.

La compañía alimentaria AB Azucarera Iberia, que gestiona en Andalucía la planta de molturación de El Portal (Jerez de la Frontera), debe abonar a los 700 agricultores que contrataron y entregaron remolacha en la campaña 2019/2020 casi 2,27 millones de euros en cumplimiento del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) en vigor aún en esa campaña, tal como ha establecido en su laudo final el Árbitro Único de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid.

El Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social está enviando miles de cartas dirigidas a los empresarios agrícolas, en forma de comunicación, recordándoles la normativa sobre los contratos temporales y su conversión a indefinidos. Según la Administración, esta campaña nacional tiene como objetivo regularizar aquellos contratos de trabajo que no se adecuan a la legalidad vigente y va dirigida a todos los colectivos empresariales, no exclusivamente al sector agrario.

El 27 de noviembre de 1998, el Boletín Oficial del Estado reconoce a Intercitrus como Organización Interprofesional Agroalimentaria del sector de la naranja y la mandarina, una organización que integra a los distintos eslabones de la cadena alimentaria, como son agricultores, cooperativas, comercio privado, e industria de zumos y conservas.  Como publica la periodista Inma Lopera en ABC, entre sus objetivos está el velar por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria, mejorar el conocimiento de los cítricos, la eficiencia y la transparencia de los mercados, mejorar la coordinación de los diferentes operadores, mejorar la calidad de las naranjas y mandarinas en todas sus fases, así como promover la investigación y promocionar la calidad de estas frutas españolas.

Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía -ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- han celebrado una nueva rueda de prensa en Sevilla para informar del comienzo de un período indefinido de movilizaciones, que dará comienzo esta semana con una tractorada en Cádiz, a la que seguirá una nueva convocatoria en Córdoba y otras provinciales todavía por confirmar. Todo ello, a la espera de que las condiciones sanitarias lo permitan para organizar una gran movilización de todo el sector a nivel regional.

Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, han reclamado contundencia a los diferentes grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados para evitar que la “guerra de precios” de las cadenas de distribución pase factura en el campo. Así se lo han trasladado durante la ronda de contactos celebrada durante las últimas semanas en el marco de la tramitación del proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía -ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- están enviando esta semana cartas a los 778 ayuntamientos de Andalucía en la que les instan a aprobar en sus plenos una moción de apoyo al sector agrario andaluz y de rechazo al real decreto de convergencia, tremendamente lesivo para los agricultores y ganaderos andaluces y para todos los municipios agrarios de Andalucía, puesto que tanto este innecesario Real Decreto como la propuesta de reforma de la PAC que prepara el Ministerio de Agricultura suponen una grave amenaza para la economía y el empleo de toda Andalucía.