El Consejo de Gobierno andaluz manifestó el pasado martes su criterio favorable a la proposición de Ley de Caminos Públicos Rurales, impulsada por el grupo socialista junto con el grupo parlamentario de Podemos Andalucía. Según el Ejecutivo andaluz, el objetivo de dicha Ley es cubrir el vacío normativo en relación a los caminos públicos rurales andaluces, que suman una red de más de 60.000 kilómetros.

El pasado 12 de mayo se publicó la Ley 3/2017 de regulación de senderos de Andalucía. Una norma que en su redacción inicial sufrió la oposición del sector agrícola y del colectivo de cazadores y titulares de cotos, ya que, como explica la periodista Inma Lopera en ABC, el texto primaba el uso turístico y deportivo de los senderos rurales sobre su uso tradicional e histórico: servir de vía de comunicación al sector agrícola y ganadero.

El pleno del Parlamento andaluz votará esta semana, según está previsto, la Proposición de Ley de Regulación de los Senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un texto que de momento «no reconoce que el uso más tradicional de los senderos públicos es el agrícola, ganadero y forestal», tal y como reivindica Asaja Andalucía en ABC  y publica la periodista Inma Lopera.

El director general de la patronal agraria, Vicente Pérez, señala que los agricultores y ganaderos, que son los que ocupan la mayor parte del territorio rural, «son los verdaderos usuarios de los caminos y las vías pecuarias». Estas vías, declara, «son la red que une los territorios más alejados de las ciudades y pueblos, y son las que utilizamos los agricultores y ganaderos para poder llegar a nuestro trabajo, así como para poder movernos entre las diferentes parcelas o trasladar a nuestro ganado entre las diferentes zonas. También las utilizamos para transportar nuestros inputs a nuestras explotaciones (fertilizantes, semillas, etc.) y, por supuesto, para llevar al mercado nuestras producciones bien sea en coches, camiones o tractores».