El pasado 12 de mayo se publicó la Ley 3/2017 de regulación de senderos de Andalucía. Una norma que en su redacción inicial sufrió la oposición del sector agrícola y del colectivo de cazadores y titulares de cotos, ya que, como explica la periodista Inma Lopera en ABC, el texto primaba el uso turístico y deportivo de los senderos rurales sobre su uso tradicional e histórico: servir de vía de comunicación al sector agrícola y ganadero.
En este sentido, el director general de Asaja Andalucía, Vicente Pérez, señaló que los agricultores y ganaderos, que son los que ocupan la mayor parte del territorio rural, «son los verdaderos usuarios de los caminos y las vías pecuarias». Estas vías, declaró, «son la red que une los territorios más alejados de las ciudades y pueblos, y son las que utilizamos los agricultores y ganaderos para poder llegar a nuestro trabajo, así como para poder movernos entre las diferentes parcelas o trasladar a nuestro ganado entre las diferentes zonas. También las utilizamos para transportar nuestros inputs a nuestras explotaciones (fertilizantes, semillas, etc.) y, por supuesto, para llevar al mercado nuestras producciones bien sea en coches, camiones o tractores».
Dicha oposición al final «tuvo efecto» y la ley de regulación de senderos «se aprobó con bastante consenso, una vez admitida la prioridad de los usos tradicionales (agrícolas y cinegéticos) de los caminos rurales», explica Pérez a ABC . No obstante, este consenso conseguido vuelve a romperse con la reciente publicación del borrador del Decreto por el que se desarrolla dicha ley, donde «la clasificación de los usos principales de los senderos contenida en el artículo 4 es el medioambiental, deportivo y turístico», lo que, según Asaja Andalucía, «carece del más mínimo apoyo fáctico».
Adjuntamos el artículo completo de ABC