El Consejo de Gobierno andaluz manifestó el pasado martes su criterio favorable a la proposición de Ley de Caminos Públicos Rurales, impulsada por el grupo socialista junto con el grupo parlamentario de Podemos Andalucía. Según el Ejecutivo andaluz, el objetivo de dicha Ley es cubrir el vacío normativo en relación a los caminos públicos rurales andaluces, que suman una red de más de 60.000 kilómetros.
Como informa la periodista Natalia Ortiz en ABC de Sevilla, junto a ello, el Gobierno autonómico destaca que la iniciativa incluye disposiciones para clarificar las competencias de cada administración, identificar y catalogar la propiedad y garantizar la conservación de las vías. De esta norma están excluidas las vías pecuarias, los senderos y todo tipo de pistas que no sean caminos públicos rurales.
Más un lío que una solución
El secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, considera que, si bien en un principio dicha proposición de Ley, según las intenciones expresadas por la Junta de Andalucía, podría considerarse «oportuna», las primeras observaciones reflejan que «podría suponer más un lío que una solución para el campo».
La primera queja de la patronal agraria es referente a la forma de elaborar la proposición de ley y la relación con el sector agrario y rural. «Desde la Consejería de Medio Ambiente llevaban trabajando en este proyecto legal mucho tiempo y nos citaron para que diéramos nuestro punto de vista. Cuál fue nuestra sorpresa cuando, tan solo cuatro días después de dicha reunión, la proposición de ley fue registrada ante la Mesa del Parlamento mediante trámite de urgencia», relata Martín, que reprocha que ello refleja la «falta de ganas de consenso» del Ejecutivo andaluz. Dicha maniobra, que ha excluido a los colectivos que más utilizan el ámbito rural y, por tanto, los caminos, como agricultores, ganaderos, cazadores y forestales, deja poco margen de maniobra a modificaciones en la futura ley, algo que Asaja considera «muy grave».
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