Con el cambio climático protagonizando la realidad donde se mueve el sector agrario, y con una PAC con más exigencias medioambientales que las anteriores, apostar por la sostenibilidad es ya obligatorio para los agricultores andaluces, como publica en ABC la periodista Natalia Ortiz.

Con el cambio climático protagonizando la realidad donde se mueve el sector agrario, y con una PAC con más exigencias medioambientales que las anteriores, apostar por la sostenibilidad es ya obligatorio para los agricultores andaluces, como publica en ABC la periodista Natalia Ortiz.

El sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, lamenta que la Comisión Europea haya validado políticamente el Plan Estratégico de Luis Planas, que previsiblemente tendrá el visto bueno en unas semanas para su puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2023. La hoja de ruta del Ministerio de Agricultura hurta 500 millones de euros a la principal región agraria de España, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz.

El Plan es fruto de la política autoritaria de Luis Planas, que lo ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunos territorios, cargándose el modelo social y profesional de agricultura en beneficio de los fondos de inversión y obviando el rechazo unánime del campo andaluz, el que cultivan uno de cada tres perceptores españoles de la PAC. El consenso brilla por su ausencia en un documento que generará desequilibrios y agravios territoriales. Como recuerdan las organizaciones firmantes, el titular de Agricultura no sólo no ha hecho ademán de negociar en estos dos años, sino que ha hecho caso omiso de las reivindicaciones de los productores andaluces y ha enviado el documento definitivo sin que los beneficiarios del mismo, que no son otros que los agricultores y los ganaderos españoles, conozcan la letra pequeña.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en funciones, Carmen Crespo ha defendido este lunes en Madrid en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios el “aplazamiento inmediato” de la entrada en vigor de los ecoesquemas de la Política Agraria Común (PAC). Crespo ha reiterado, en declaraciones previas al comienzo de la reunión, que tal y como los ha propuesto el Gobierno de España “suponen un gasto más, y no un incentivo para nuestros agricultores y ganaderos”. Además, ha insistido en que “el modelo propuesto no se adapta a la realidad agraria de Andalucía y provocará un importante impacto socioeconómico”, a la par que ha lamentado que “seguimos esperando los estudios de impacto del Ministerio”.

La lista de agravios de la nueva PAC con el campo andaluz suma un nuevo epígrafe, esta vez en la Sierra Norte de Sevilla. Esta comarca ganadera por excelencia, integrada en un Parque Natural y cuya pluviometría y condiciones edafoclimáticas son similares a la de otras comarcas de la región de pastos húmedos, ha sido rebajada a la región 1, con unos derechos de pago por hectárea sensiblemente inferiores.

Este miércoles, 15 de junio, termina el plazo de presentación de propuestas al Plan Estratégico de la nueva PAC.Como publica la periodista Inma Lopera en ABC, el campo andaluz, por tanto, entra en tiempo de descuento para intentar que el Ministerio de Agricultura dé marcha atrás y cambie el rumbo de la nueva reforma agraria, que entrará en vigor en 2023 y que, tal y como está planteada, supondrá un enorme varapalo económico para Andalucía, que perderá unos 500 millones de euros.

La nueva PAC, que entrará en vigor el 1 enero de 2023 y será de aplicación hasta 2027, supondrá un cambio de escenario al que deberán adaptarse todos los agricultores y ganaderos. Será un escenario mucho más verde y con más requisitos para acceder a las ayudas, y que, como en el resto de sectores, tendrá sus repercusiones también en el cultivo del olivar, un cultivo que supera en Andalucía los 1,6 millones de hectáreas, de las que 700.000 pueden llegar a perder más del 25% de sus actuales ayudas.