El campo andaluz sigue sumando afrentas de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. Así, y como publica la periodista Inma Lopera en ABC, a la cruzada que el sector tiene contra el titular de Agricultura, Luis Planas, por el decreto de transición de la PAC, que ha llevado a sacar de nuevo a los tractores a la calle e iniciar una campaña indefinida de movilizaciones en las distintas provincias andaluzas, se suman el perjuicio para determinados productos insignes de la dieta mediterránea --y muy arraigados a Andalucía como la aceituna, el jamón o el queso--, por su calificación en el sistema de etiquetado frontal «Nutriscore», que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, defiende e implantará en 2022. O la desprotección en la que quedan los ganaderos de extensivo tras la decisión de la conservación del lobo, que no se podrá cazar en toda España, gracias al apoyo al depredador (que no a la ganadería) de la ministra del área, Teresa Ribera.
Por si esto fuera poco, ahora llega la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a dar una vuelta de tuerca más a esta campaña de acoso y derribo al sector agrario, apuntando con su dedo amenazante al empleo en el campo, ese que ha posibilitado el abastecimiento alimentario en este último año de pandemia y el que está llamado a ser colchón de la crisis. Si las primeras actuaciones de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo fueron encaminadas a detectar «casos de esclavitud o prácticas similares» en explotaciones agrarias, su nuevo plan de choque busca evitar el fraude en la contratación temporal en todos los sectores de actividad y, por primera vez, también se incluye al sector agrario. Así, desde el pasado 22 de febrero, están llegando miles de cartas dirigidas a los empresarios del campo en las que se les insta a transformar sus contratos temporales en fijos en el plazo perentorio de un mes, ante «supuestas irregularidades detectadas».
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