El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Tras esta aprobación, el texto inicia ahora su trámite parlamentario con intención de que entre en vigor el 1 de noviembre de 2021.
Como publica la periodista Inma Lopera en ABC, el documento que se debatirá en el Congreso incluye sin modificar las novedades introducidas en el mes de febrero por el Real Decreto-ley 5/2020, que ya suscitaron inquietudes y que no han sido resueltas; y en esta segunda fase, se incorpora al ordenamiento nacional la Directiva 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales, y se incluyen medidas nuevas también muy llamativas y cuestionadas por el sector.
En definitiva, el texto amplía su ámbito de aplicación, generaliza los contratos por escrito y actualiza las infracciones y sanciones. Pero esta reforma de Ley de la Cadena Alimentaria sigue suscitando recelos entre los juristas y generando muchas dudas en el campo andaluz. Y es que, aunque el objetivo que persigue el proyecto de Ley es «una mayor transparencia en el funcionamiento de los precios» y un equilibrio entre todos los eslabones (productores, supermercados e industria), protegiendo al «más débil», es decir, al agricultor; a pie de campo se cuestiona que este texto sirva para mejorar la posición negociadora de los productores.
Pero, ¿cuáles son las razones que alimentan esta desconfianza en el sector agrario? El asesor jurídico de ASAJA-Sevilla, Emilio Vieira, las resume en las diez claves en el siguiente artículo: ABC_Ley_Cadena_Alimentaria
