La normativa necesaria para cumplimentar las solicitudes de la Política Agraria Común (PAC) en Andalucía dentro del periodo hábil (que del 30 de abril se va a ampliar al 15 de mayo) va saliendo con cuentagotas. Como publica en ABC la periodista Inma Lopera, el pasado martes, día 12 de abril, salió publicada en BOJA las bases reguladoras para la concesión de la ayuda agroambiental específica para la dehesa, denominada «Conservación y Mejora de Pastos en Sistemas de Dehesa». Se trata de una de las ayudas del nuevo Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (2014-2020) más esperada por los ganaderos de extensivo, que han acogido con sorpresa que la normativa excluye a la ganadería ecológica de la posibilidad de recibir una prima de hasta 131,26 euros por hectárea para la siembra de especies pratenses destinadas a mejorar la calidad del suelo y la capacidad de retención de agua en la dehesa.
Se trata de una de las varias alegaciones presentadas por la patronal agraria Asaja Sevilla que no han sido escuchadas por la Consejería de Agricultura, según indica el técnico José Manuel Roca, quien define esta ayuda como «muy interesante a priori», aunque explica que «cuando ahondas en la normativa encuentras muchos sinsentidos». El primero de ellos, según Roca, es que «para beneficiarse de esta ayuda agroambiental la explotación debe estar previamente inscrita en el censo de dehesas, un censo que aún no ha visto la luz ni se sabe cuándo se va a publicar». Además, «entre los criterios de selección se exige disponer de un Plan de Gestión Integral de Dehesas oficialmente aprobado cuando, no hay nadie en Andalucía que cumpla ese requisito». Igualmente, es necesario tener o haber tenido suscrito un convenio de colaboración con el proyecto Life+BioDehesa, en el que trabajan las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente y que está dotado con un presupuesto de casi ocho millones de euros, cuando, según el técnico, «son poquísimas las explotaciones que lo cumplan y el proceso de selección no fue público, además de que muchas de las fincas incluidas son propiedad de la Administración».
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