El sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, lamenta que la Comisión Europea haya validado políticamente el Plan Estratégico de Luis Planas, que previsiblemente tendrá el visto bueno en unas semanas para su puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2023. La hoja de ruta del Ministerio de Agricultura hurta 500 millones de euros a la principal región agraria de España, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz.

El Plan es fruto de la política autoritaria de Luis Planas, que lo ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunos territorios, cargándose el modelo social y profesional de agricultura en beneficio de los fondos de inversión y obviando el rechazo unánime del campo andaluz, el que cultivan uno de cada tres perceptores españoles de la PAC. El consenso brilla por su ausencia en un documento que generará desequilibrios y agravios territoriales. Como recuerdan las organizaciones firmantes, el titular de Agricultura no sólo no ha hecho ademán de negociar en estos dos años, sino que ha hecho caso omiso de las reivindicaciones de los productores andaluces y ha enviado el documento definitivo sin que los beneficiarios del mismo, que no son otros que los agricultores y los ganaderos españoles, conozcan la letra pequeña.

El sector agrario lo ha dicho alto y claro. En ruedas de prensa, en actos institucionales y en manifestaciones como la del pasado viernes, el discurso es el mismo: «La PAC planteada por el ministro Luis Planas es especialmente lesiva para el campo andaluz, y sobre todo para la provincia de Sevilla, una de las que más ayudas pierde».

Exigen que se tengan en cuenta las observaciones al Plan Estratégico de la PAC que, en unidad de acción, ha trasladado todo el sector agrario andaluz al ministro de Agricultura, Luis Planas; e instan a todas las administraciones a tomar medidas para paliar la grave crisis que sufre este sector capital para la economía andaluza

La propuesta de Plan Estratégico de la PAC que el Gobierno de España envió ayer a la Comisión Europea penaliza la diversidad productiva y supone un claro agravio para los agricultores y ganaderos andaluces que, si no se logra modificar y entra finalmente en vigor en 2023 tal y como ahora está redactada, perderán más 450 millones de euros en el quinquenio 2023-2027.

El documento que presentó el pasado martes en el Consejo de Ministros el titular de Agricultura, Luis Planas, y que ayer envió el Gobierno a Bruselas no refleja el planteamiento unánime que le ha trasladado Andalucía, región que cuenta con 230.000 agricultores y ganaderos, uno de cada tres de quienes desarrollan la actividad agraria en nuestro país, a quienes esta propuesta asesta un tijeretazo de más de 90 millones de euros anuales. Por lo que una PAC que no es buena para Andalucía, que no es buena para uno de cada tres agricultores españoles, no puede ser buena para España.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado que la propuesta de España para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), recogida en el Plan Estratégico Nacional, está ya «casi finalizada», por lo que ha informado a las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial telemática celebrada el pasado jueves, la última prevista, de que el documento se presentará a Bruselas para su revisión en la última semana de diciembre.

Las OPAs reclaman una reunión de urgencia con el ministro de Agricultura para arbitrar medidas que palíen la grave crisis de rentabilidad que afecta al sector

Los precios en origen no permiten hacer frente a las desorbitadas subidas de electricidad, gasóleo, piensos, abonos, semillas y otros factores de producción

La que se presentaba como la conferencia sectorial definitiva, en la que las comunidades autónomas y el Ministerio debatirían sobre el diseño final del Plan Estratégico de la PAC y se daría luz al principal escollo de la nueva reforma, el capítulo de los ecoesquemas, ha acabado finalmente en nada. Como publica la periodista Inma Lopera en ABC, ni hubo debate como tal (informar no es lo mismo que debatir), ni novedad alguna en los ecoesquemas.