Más de 6.000 agricultores, ganaderos y cooperativistas llegados de toda España se han sumado esta mañana al acto de protesta convocado por ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en la Puerta del Puente de Córdoba. Hasta allí han llevado el malestar de todo el campo español, aprovechando la celebración de la reunión de ministros de Agricultura europeos, que desde el pasado domingo se ha venido celebrando en Córdoba dentro del marco de la presidencia española de la Unión Europea este semestre.

Bajo el lema “Los agricultores y ganaderos, hartos de los ataques al sector”, el campo ha dejado claro su rechazo al menosprecio que se viene haciendo desde Bruselas y a la desidia y entrega a ciertos lobbies que actúan contra el mundo rural.

Con esta multitudinaria protesta, que puede ser sólo la primera de otras movilizaciones si no cambia el rumbo que ha tomado la política agraria europea, el sector agrario, representado por las organizaciones ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, ha exigido la defensa del modelo social y profesional de agricultura, amenazado por las políticas de la UE, así como soluciones políticas coherentes en materia de cambio climático y seguridad alimentaria, y como respuesta al debilitamiento de la agricultura y la ganadería andaluzas a consecuencia del encarecimiento de los costes de producción, la sequía, la falta de rentabilidad y la creciente competencia desleal de terceros países. Una suma de factores que pone en jaque la soberanía alimentaria de la agricultura andaluza y el futuro de la principal región agraria española.

El campo andaluz ha aprovechado la celebración en Córdoba de la reunión de los ministros de Agricultura europeos, que han contado con la asistencia del comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, y dentro del marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, para reclamar un cambio en los planteamientos comunitarios que permita proteger el tejido productivo andaluz -y el europeo-, así como la seguridad alimentaria del conjunto de la ciudadanía.

El sector agroalimentario andaluz acumula dos años de estrechos márgenes como consecuencia del encarecimiento de los inputs, que se ha visto agravado por la guerra en Ucrania. El incremento del precio de fertilizantes, fitosanitarios, plásticos, gasoil o electricidad, entre otros inputs, provocó un aumento de los costes de producción superior al 35% en 2022, según datos de Eurostat. Si bien este ascenso se tradujo en un incremento del valor de los alimentos en su origen (por encima del 25%), la realidad es que agricultores y ganaderos continúan trabajando en una situación ruinosa, que ha empujado a muchos de ellos a abandonar sus explotaciones.

Por otro lado, la sequía persistente desde el año 2017 está provocando una caída de la productividad del campo andaluz ante la ausencia de una política hidrológica adecuada a la situación climática.

La pérdida de cosecha por la falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas es especialmente preocupante en sectores como el aceite de oliva, que en un solo ejercicio llegó a disminuir su producción en un 49% -al pasar de los 1.151 millones de toneladas molturados en la campaña 2021-2022 a las 587.000 toneladas, en la 2022-2023-. O en sectores como el de los cereales, en el que se estima una pérdida del 52% de la cosecha, y la ganadería, donde se han disparado especialmente los costes de producción ante la falta de pastos para alimentar a los animales y el encarecimiento de las materias primas por el conflicto bélico.

En este contexto, mientras el sector productor busca la fórmula para mantener la rentabilidad de sus explotaciones, agricultores y ganaderos asisten indefensos a una entrada indiscriminada de alimentos procedentes de países terceros, con normativas medioambientales y laborales más laxas a las que están sujetos los productores europeos. Una llegada de productos que viene, además acompañada de sucesivas alertas sanitarias, encontrándose ya en el canal de comercialización alimentos que no cumplen las normas de seguridad europeas y que son consumidos inevitablemente por la población debido a unos sistemas de control deficitarios.

Por ello, el campo andaluz ha exigido a los ministros europeos de Agricultura las mismas exigencias para producciones europeas y para las de terceros países. En concreto, ha demandado a los representantes que sean coherentes con sus normas del juego e intensifiquen los controles en frontera para garantizar la entrada de alimentos producidos bajo las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de calidad a las que están sometidos agricultores y ganaderos comunitarios, requisitos que, sin embargo, son totalmente etéreos en un mercado globalizado, señalan las organizaciones convocantes.

Asimismo, han recordado que la inestabilidad en la que se encuentra el sector agroalimentario andaluz se ve agravada con el nuevo marco normativo de la Política Agraria Común (PAC), forzando un proceso de desestructuración para el que el sistema agrícola no está preparado. Así, las teorías verdes de la ‘De la granja a la mesa’ o la reducción de fitosanitarios y materias activas priman sobre los criterios productivos. Se trata de unas políticas que se aprobaron a espaldas de la principal región productora del territorio español, restando, de esta forma, recursos económicos al campo andaluz, e incrementando la burocracia -en contra de las demandas del sector-, lo que ha supuesto un mayor coste económico y emocional para agricultores y ganaderos.

Ante esta realidad, las organizaciones agrarias y las cooperativas lamentan también que la ausencia de una política hidrológica nacional con criterios técnicos y dotada de presupuesto suficiente para modernizar la red de suministro ponga en jaque un sector que aporta cerca del 10% del Producto Interior Bruto del país.

Por todo ello, y ante la situación de desamparo del campo andaluz, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han reclamado esta mañana a los mandatarios europeos un viraje en las políticas agrarias y han exigido que la alimentación, procurada por nuestro sistema productivo, construido sobre la seguridad y la calidad, se convierta en una cuestión de máxima prioridad para la Unión Europea.