El pasado 30 de marzo se publicó la Ley 2/2021 de 29 de marzo con nuevas medidas para la prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha Norma entró en vigor el 31 de marzo de 2021.

El pasado 30 de marzo se publicó la Ley 2/2021 de 29 de marzo con nuevas medidas para la prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha Norma entró en vigor el 31 de marzo de 2021.

España cuenta desde 2013 con una Ley de la Cadena Alimentaria que fue pionera en Europa pero que, por desgracia, se ha quedado muy lejos de lograr los necesarios y ambiciosos objetivos con los que se planteó. Del cumplimiento cabal de la citada Ley son responsables diversos organismos de la Administración central y periférica, si bien, hay uno que por su idiosincrasia tiene un papel fundamental. Se trata de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), que es el principal garante del correcto cumplimiento de dicha norma.

El Consejo de Gobierno andaluz manifestó el pasado martes su criterio favorable a la proposición de Ley de Caminos Públicos Rurales, impulsada por el grupo socialista junto con el grupo parlamentario de Podemos Andalucía. Según el Ejecutivo andaluz, el objetivo de dicha Ley es cubrir el vacío normativo en relación a los caminos públicos rurales andaluces, que suman una red de más de 60.000 kilómetros.

«Una ley que no es necesaria, que no ha sido pedida por el sector y que, por si fuera poco, aumentará más la burocratización de la agricultura y la ganadería». Así de contundente se muestra Vicente Pérez, secretario general de Asaja Andalucía, al hablar de la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que está en trámites de preparación y cuyo anteproyecto ya ha llegado al Consejo Económico y Social.

Como publica en ABC la periodista Natalia Ortiz, dicho órgano elaborará un dictamen para el que Asaja ha presentado una serie de consideraciones que, a su entender, deben tenerse en cuenta y servir para modificar ciertos aspectos de la ley.

Adjuntamos el artículo completo de ABC

La iniciativa, del Grupo Socialista del Parlamento autonómico, requiere modificar tres normas estatales y recoge algunas demandas de ASAJA-Sevilla