Da igual a qué representante de la sociedad civil u organización empresarial se le pregunte sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, la respuesta es la misma: la Junta de Andalucía tiene que bonificarlo al máximo y el Estado, abolirlo.

Así, lo resume en el artículo de ABC que adjuntamos el periodista A.R. Vega, quien informa sobre las conclusiones a las que llegaron el pasado viernes, 21 de abril, los participantes en el desayuno-coloquio coordinado por la agencia de noticias Europa Press en el bufete de abogados A. Rozados & Asociados, entre ellos ASAJA-Sevilla, junto a otros responsables de instituciones empresariales de diversa índole (Asociaciones de Trabajadores Autónomos y de Empresa Familiar), profesionales del ámbito jurídico y miembros de la sociedad civil como el presidente de la plataforma de afectados Stop Impuesto Sucesiones.

Uno de cada tres agricultores andaluces ha superado la edad de jubilación. Por eso, uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector agrario es el envejecimiento de los titulares de las explotaciones agrarias y la necesidad de facilitar el relevo generacional que garantice su continuidad y profesionalización. Así los explican los asesores fiscales de ASAJA-Sevilla, Ángel Martín y Daniel Martín en una tribuna publicada en AGR Andalucía, del Grupo Joly, donde recuerdan que esa necesidad no se encontraba atendida ni en la legislación autonómica andaluza del Impuesto sobre Sucesiones ni en la estatal, que establece una reducción para empresas familiares que no se adapta a la realidad agraria.