Unos 120.000 trabajadores del campo sevillano están obligados a «fichar» y a dejar registro de su horario laboral desde el pasado 12 de mayo, cuando entró en vigor el Real Decreto-Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Como publica la periodista Inma Lopera en ABC, el problema es que «los empresarios agrícolas, responsables del registro, no tienen criterios de actuación ni orientación alguna sobre cómo realizar ese control horario obligatorio, teniendo en cuenta las especificidades que conciernen al empleo agrario, donde gran parte de la actividad se desarrolla al aire libre y en entornos rurales, muchos sin conexión a internet ni cobertura, por lo que no es posible instalar un torno», critica el secretario general técnico de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín.