La grave crisis que vive el campo, protagonizada por una sequía histórica y unos factores geopolíticos que mantienen los costes productivos muy altos, no tiene una solución mágica. Sin embargo, como publica la periodista Natalia Ortiz en ABC, sí se puede aliviar con medidas que alivien la carga fiscal y faciliten la continuidad de la actividad de agricultores y ganaderos.

ASAJA-Andalucía reitera su apoyo a la proposición de ley (PDL) de mejora de ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado y exige al Gobierno que deje de atacar a los agricultores y cumpla con sus obligaciones.

La patronal recuerda que la ley no supone una ampliación de los regadíos y sí la subsanación del daño ocasionado por los errores contenidos en el Plan de la Corona Norte y la Ley Forestal de Andalucía.

La Junta de Andalucía ha tomado una decisión extraordinaria por las particulares circunstancias climáticas de esta primavera y dentro de su estrategia de prevención de los incendios forestales. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha firmado una orden en la que suspende temporalmente todo tipo de quemas agrícolas hasta el 10 de abril debido a las altas temperaturas que está sufriendo toda la comunidad y la grave sequía, "lo que nos plantea un escenario terriblemente complejo de cara a los incendios forestales".

El Consejo de Ministros aprobó ayer, 28 de febrero, los dos últimos reales decretos que completan el paquete normativo de acompañamiento para el desarrollo de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España, y que se refieren a la mejora de las condiciones de bienestar animal en las granjas y a las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el plan estratégico.

Con la última subida del SMI pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos CCOO y UGT, el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado en 344 euros en los últimos cinco años, con el consiguiente incremento en las bases mínimas de cotización. A este disparado incremento de los costes salariales debemos añadir los incrementos de precios de prácticamente todos los bienes de producción (semillas, fertilizantes, abonos, piensos y, por supuesto, combustibles y energía). Con unos costes de producción desorbitados y sin margen de maniobra para poner precio a lo que los agricultores y ganaderos producen, la viabilidad del sector atraviesa un momento crítico y se dispara el número de explotaciones agrarias que se ven abocadas al cierre.

La propuesta de Plan Estratégico de la PAC que el Gobierno de España envió ayer a la Comisión Europea penaliza la diversidad productiva y supone un claro agravio para los agricultores y ganaderos andaluces que, si no se logra modificar y entra finalmente en vigor en 2023 tal y como ahora está redactada, perderán más 450 millones de euros en el quinquenio 2023-2027.

El documento que presentó el pasado martes en el Consejo de Ministros el titular de Agricultura, Luis Planas, y que ayer envió el Gobierno a Bruselas no refleja el planteamiento unánime que le ha trasladado Andalucía, región que cuenta con 230.000 agricultores y ganaderos, uno de cada tres de quienes desarrollan la actividad agraria en nuestro país, a quienes esta propuesta asesta un tijeretazo de más de 90 millones de euros anuales. Por lo que una PAC que no es buena para Andalucía, que no es buena para uno de cada tres agricultores españoles, no puede ser buena para España.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado adherirse a la nueva declaración institucional de Andalucía sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) firmada el pasado jueves 14 de octubre por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Andalucía (ASAJA-Andalucía), la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG-Andalucía), Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA-Andalucía).