ASAJA expresa su más firme rechazo al resultado final alcanzado en el trílogo sobre la reforma del Sistema de Preferencias Generalizadas (GSP), un texto que, lejos de garantizar unas condiciones de competencia justas, profundiza en la desprotección del cultivo de arroz en España y en el conjunto de la Unión Europea.

La campaña de arroz está llegando a su recta final en la provincia de Sevilla, con un 95% aproximado de superficie recolectada. Tras cinco años de insuficientes precipitaciones, el buen comportamiento hidrológico del mes de marzo consiguió recuperar notablemente las reservas hídricas de la cuenca, otorgándose en el pleno de la Comisión de Desembalse de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), celebrada el pasado 29 de abril, un volumen de riego máximo a desembalsar de 10.083 metros cúbicos por hectárea, permitiendo con ello la siembra del 100% de la superficie cultivable.

El volumen récord de importaciones ha provocado una caída de más del 15% en los precios percibidos por los arroceros españoles

El sector reclama que la salvaguardia no quede desvirtuada con umbrales inalcanzables y respalda la presión del Parlamento Europeo para reforzarla

ASAJA advierte del riesgo de que la cláusula automática de salvaguardia del arroz se convierta en “papel mojado” si la propuesta de la Presidencia danesa del Consejo de la UE se diseña con unos umbrales de activación demasiado elevados, tanto en los contingentes arancelarios como en cifras. “Si se colocan cifras imposibles de alcanzar, es como si no se hubiera hecho nada”, subraya la organización agraria.

A diferencia de los tres últimos años, con un crecimiento continuado de las siembras de arroz de grano redondo o japónica, que se comercializa en el mercado interior y que tiene su público en la provincia, en esta campaña se prevé «un cambio de tendencia», como publica la periodista Inma Lopera en ABC. Así lo afirma el director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Manuel Cano, que apunta que «los agricultores vienen manifestando su intención de sembrar en esta campaña el grano largo o índica, al que muchos habían dado la espalda en los últimos años por lo que, a priori, prevemos que el 60% de la superficie arrocera se dedicará a esta variedad, mucho más demandada en el mercado europeo, rompiendo el reequilibrio de variedades conseguido a nivel nacional».

La imposición de aranceles a las importaciones europeas de arroz procedentes de Camboya y Birmania, tras la reciente aprobación de la cláusula de salvaguardia, muestra las primeras consecuencias positivas para el sector arrocero español en general y para el sevillano el particular, al ser Sevilla la primera provincia productora de arroz de España, con 38.000 hectáreas cultivadas en las marismas del Guadalquivir. De hecho, como publica la periodista Inma Lopera en ABC, los efectos sobre la recuperación de los precios tras la activación de los derechos arancelarios el pasado mes de enero «ya son visibles en el arroz cáscara» aunque todavía no están siendo perceptibles «en el valor del arroz blanco».

La aplicación de aranceles al arroz procedente de Camboya y Birmania, tras la reciente aprobación de la cláusula de salvaguardia, por primera vez establecida en este cultivo, permitirá incrementar las exportaciones de arroz español y recuperar los precios, aunque también provocará un cambio de los flujos comerciales y, previsiblemente, un incremento de las importaciones de arroz de los países de Mercosur.

Este fue uno de los mensajes que trasladó ayer a los arroceros sevillanos la subdirectora General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Silvia Capdevilla, quien participó en la XVIII edición del Día del Arroz, un encuentro organizado en la finca Isla Mínima (La Puebla del Río) por ASAJA-Sevilla y la Federación de Arroceros de Sevilla.

El Colegio de comisarios de la CE ha decidido hoy la aplicación de la cláusula de salvaguarda para defender a los productores europeos de arroz de las importaciones masivas de Birmania y Camboya, atendiendo así a las demandas de ASAJA y de los arroceros espñaoles y europeos y al propio informe de impacto de la Comisión Europea.

La imposición arancelaria llega tras las reiteradas peticiones de ASAJA y del sector arrocero que en las últimas campañas estaba encontrando serios problemas para comercializar su arroz ante la llegada masiva del arroz birmano y camboyano libre de aranceles y sin garantías de cumplimiento de las estrictas normas laborales y medioambientales que rigen en la Unión Europea.