El Consejo de Gobierno andaluz ha remitido hoy al Parlamento la Ley de la Agricultura y la Ganadería de Andalucía, una ley que no era necesaria, que no ha sido pedida por el sector y que supondrá un aumento de la burocracia en un sector “sobrerregulado” que necesita justo lo contrario, más simplificación.

La Ley de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía ha sufrido un nuevo varapalo después de que las entidades agrarias manifestasen que trataba de una ley totalmente prescindible. Como publica la periodista Natalia Ortiz en ABC, esta vez, ha sido un dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía el que critica con dureza algunos de los puntos normativos de un anteproyecto que ya está dando sus últimos pasos: el pasado 22 de marzo, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció en sede parlamentaria que la Ley de la Agricultura será aprobada en el Consejo de Gobierno de esta semana, lo que provocará el inicio de su tramitación en el Parlamento.

Andalucía lleva cinco años sin ayudas para prevenir y evitar la propagación de incendios forestales. En concreto, como publica la periodista Natalia Ortiz en ABC, la última convocatoria de dichas subvenciones, que están financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural y forman parte del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR), fue en el año 2012.

Por fin han llegado las deseadas lluvias y vienen acompañadas de la gran noticia que los regantes estaban esperando y por la que han luchado tanto: la posibilidad de aplicar doble potencia eléctrica en regadío.  Como publica la periodista Estrella Yañez en Diario de Sevilla, cinco años de sequía consecutivos estaban pasando factura al mundo agrario andaluz, que se asomaba a la primavera con unas previsiones de riego demasiado exiguas.

La sequía constituye hoy día la principal preocupación del sector agrario andaluz, por delante incluso de la reforma de la PAC y de los problemas de la cadena de valor. Sin agua la agricultura es imposible, por lo que las lluvias de la última semana, aunque repartidas desigualmente, han llegado a prácticamente toda la región y constituyen un auténtico alivio para todos los agricultores y ganaderos, tal como se ha puesto de manifiesto en el trascurso de la Asamblea General de ASAJA-Andalucía celebrada ayer en la sede de la Caja Rural del Sur en Sevilla. Un encuentro en el que han participado compromisarios, agricultores y ganaderos de todas las comarcas de Andalucía, que afrontan las semanas venideras con un optimismo del que en estos últimos meses carecían.

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR-A), que cuenta con un presupuesto global de 2.400 millones de euros, necesita de un potente impulso para cumplir con todas las actuaciones previstas y evitar el riesgo de pérdida de fondos. Esta es una de las asignaturas pendientes que a juicio de ASAJA-Andalucía deberá afrontar la Consejería de Agricultura en el nuevo curso político que ahora se inicia.

La Comisión Europea lo denunció en el Comité de Seguimiento del PDR-A celebrado el pasado mes de junio. Cuando estamos casi en el ecuador del periodo de programación 2014-2020 sólo se ha ejecutado el 7 por ciento de todas las medidas presupuestadas. El nivel de ejecución del PDR-A es muy bajo y se corre el riesgo de que los fondos que no invierta Andalucía se destinen a financiar las medidas de desarrollo rural de otras comunidades autónomas que hayan invertido antes de 2020 todo su presupuesto.

En la última reunión del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía para el marco 2014-2020, se pusieron sobre la mesa los datos de ejecución de dicho programa a fecha de junio de 2017. La directora general de Fondos Europeos, Patricia Eguilior, como autoridad de gestión del PDR andaluz, informó a los presentes que actualmente hay un gasto público comprometido de 343 millones de euros, lo que equivale al 14% de ejecución del programa, aunque aclara seguidamente que “los pagos materializados son de 171 millones de euros, equivalentes a una ejecución del 7%”, pese a que “hay un total de gasto público aprobado en operaciones para 2015-2017 de 1.280 millones de euros de un total programado de 2.448 millones de euros”. El director general de ASAJA-Andalucía, Vicente Pérez, que estaba presente en la reunión, ha mostrado su «preocupación» por este «bajo nivel de ejecución del programa», tal como recoge la periodista de ABC de Sevilla, Inma Lopera, en su información del pasado 3 de julio.

En dicha información, que aquí les adjuntamos completa, el director general de ASAJA-Andalucía, Vicente Pérez, indica que este bajo grado de ejecución “podría provocar que a partir de 2018 Andalucía perdiera fondos de desarrollo rural en favor de otras comunidades autónomas que han sido más diligentes a la hora de ejecutar sus programas”.

Adjuntamos el artículo completo de ABC