Más de 500 tractores, respaldados por 4.000 productores de Sevilla, cortaron el pasado vienres  la AP-4 durante tres horas para reclamar una PAC justa y precios dignos para el campo sevillano. Agricultores y ganaderos sevillanos respaldaron la concentración convocada por ASAJA-Sevilla, COAG-Sevilla, UPA-Sevilla y Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla para exigir al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que atienda las reclamaciones del sector agrario andaluz en relación al Plan Estratégico de la PAC y urgieron a las administraciones competentes a articular medidas reales que fomenten la rentabilidad de las explotaciones agrarias sevillanas y garanticen la reciprocidad respecto a las producciones de países terceros.

Los agricultores y ganaderos de Sevilla vuelven esta semana a las carreteras. ASAJA-Sevilla, COAG-Sevilla, UPA-Sevilla y Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla han convocado una concentración de protesta en el kilómetro 53 de la AP-4, a la altura de la localidad sevillana de El Cuervo, para exigir al ministro de Agricultura, Luis Planas, que atienda las reclamaciones del sector agrario andaluz, modifique la configuración de las regiones productivas y amplíe el número de ecoesquemas de acuerdo con la estructura agronómica de las distintas regiones productivas, para permitir que todas las explotaciones y todos los tipos de agricultura encuentren acomodo y puedan mantener, a partir de 2023, el apoyo de la PAC que ahora reciben.

La crisis de precios en origen impulsa al sector citrícola andaluz a dar un paso en su articulación para reivindicar y promover, de manera conjunta, actuaciones en defensa de este sector crucial en la economía andaluza, a la que aporta casi 950 millones de euros

El hundimiento de los precios en origen, las importaciones indiscriminadas de terceros países, el brutal incremento de los costes y el abuso de la posición dominante por parte de las grandes cadenas, principales amenazas del sector

El mundo rural dice "basta ya" y saldrá en marzo a llenar las calles de Madrid para que la sociedad en general escuche sus necesidades, muestre su apoyo y el Gobierno presente la atención y cuidado necesario a quienes ocupan el 84% del territorio. Ayer se presentó en Madrid un MANIFIESTO que recoge en 18 puntos de las reivindicaciones consensuadas de todo el mundo del campo español.

ASAJA-Sevilla exige el cese fulminante de Alberto Garzón, el todavía ministro de Consumo del Gobierno de España, quien con sus declaraciones infundadas e incendiarias da alas a nuestros competidores y amenaza con frenar el potente desarrollo del sector ganadero y cárnico español.

ASAJA-Sevilla, que el pasado mes de julio declaró al ministro Garzón “persona non grata” (en la XXXVI Jornada Ganadera, Forestal y de la Dehesa) exige hoy, con más motivo si cabe, la inmediata rectificación de las declaraciones publicadas el pasado 26 de diciembre en el periódico británico “The Guardian”, en las que afirma que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. Y si no lo hace, exigimos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que lo cese de manera fulminante.

El Ministerio de Agricultura se ha comprometido con ASAJA-Sevilla, con la Federación de Arroceros y con las cooperativas arroceras sevillanas a corregir el agravio comparativo que sufría el cultivo del arroz dentro de los ecoesquemas en comparación con el resto de cultivos de regadío en la nueva PAC.

Y es que, como publica la periodista Inma Lopera en ABC, según el borrador del Plan Estratégico Nacional, en consulta pública, los arroceros de la Marisma cobrarían a partir de 2023 tres veces menos que el resto de los agricultores de regadío, es decir, 56 euros por hectárea en lugar de 156,78 euros por hectárea. Así se lo denunció Asaja Sevilla en el marco de la celebración de la décimo novena edición del «Día del Arroz», que congregó a unos 200 agricultores en Isla Mayor.

Por tercera vez el Gobierno de España incluye entre las medias de acompañamiento de una Ley la posibilidad de contratar la doble potencia eléctrica para los regadíos. Lo hizo ya en 2018 en la Ley de Sequía, volvió a hacerlo el año pasado al incorporar esta posibilidad en la Ley de Presupuestos de 2021 y en ninguna de estas dos ocasiones se desarrolló esta medida, que se incluye ahora de nuevo en la Ley de la Cadena Alimentaria. ¿La desarrollará esta vez el Gobierno? ¿Pondrá de una vez en marcha esta posibilidad para reducir el coste energético que sufren los regantes o nos seguirá tomando el pelo?