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Luces y sombras de un acuerdo sobre la PAC que, tras la aprobación del Consejo de Ministros de Agricultura, debe ser aún ratificado por el pleno del Parlamento Europeo

El acuerdo de la PAC permite dar continuidad al modelo de regiones y derechos por el que apuesta el campo andaluz

Tras el acuerdo europeo se inicia la fase para desarrollar el modelo nacional que España debe presentar en Bruselas a finales de año y que será el que determine si la futura PAC se ajusta a las necesidades del conjunto de los agricultores y ganaderos
29 Jun 2021 No comment  

El acuerdo para la reforma de la PAC aprobado ayer por el Consejo de ministros de Agricultura y pendiente aún de la ratificación del pleno del Parlamento Europeo, confirma lo que ASAJA y el resto de organizaciones agrarias andaluzas veníamos defendiendo: el modelo agrario andaluz de regiones y derechos sí tiene cabida en la nueva PAC 2023-2027.

Este es probablemente el aspecto más positivo de este acuerdo de reforma, que finalmente sí permite que se le dé continuidad al modelo de regiones y derechos, fijando una convergencia paulatina en cada una de las regiones con el objetivo de alcanzar el 85% en el ejercicio de 2026.

No obstante, la nueva PAC será más compleja y más burocrática. Introduce figuras confusas como la de “agricultor genuino”, que pueden llevar a que haya agricultores que pese a desarrollar una actividad agraria real, si no cumplen con este nuevo requisito dejarán de percibir los pagos de la PAC. Asimismo, establece junto a la condicionalidad ambiental, la denominada “condicionalidad social”, ajena al acerbo y a la tradición de la PAC y totalmente innecesaria en una Unión Europea donde la legislación y la inspección laboral están ya más que desarrolladas.

Además, la nueva arquitectura ambiental propiciará que los agricultores reciban menos compensación aunque deban asumir mayores compromisos. Y la nueva figura de los “Ecoesquemas”, a la que obligatoriamente deberá destinarse el 25% de la partida de ayudas directas, es un ejemplo claro de esto, puesto que obliga que a los estados miembros arbitren una serie de medidas ambientales más exigentes y con unos costes adicionales para percibir un pago que ahora venían recibiendo todos los agricultores como complemento a su pago básico.

En resumen, el acuerdo consagra una PAC “más verde”, que remunera peor al agricultor, que deja un amplio margen de subsidiariedad a los estados miembros, que establece una nueva gobernanza basada en el cumplimiento de objetivos de carácter básicamente ambiental y que se aleja cada día más de la labor principal de la PAC: producir alimentos sanos y abundantes a precio razonable para satisfacer la demanda de los consumidores europeos.

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