Tanto ASAJA-Sevilla como ASAJA Nacional han calificado de inadmisible el acuerdo al que ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez con los sindicatos para subir 15 euros, a partir del 1 de septiembre, el salario mínimo interprofesional (SMI), que queda fijado en 965 euros. Esta es la gota que colma el vaso en este año con fuertes incrementos de todos los costes de las explotaciones: luz, carburantes, fertilizantes, abonos y piensos, lo que deja al sector agrario en una situación sumamente delicada, máxime si tenemos en cuenta que la aplicación de la nueva reforma de la PAC traerá aparejados importantes recortes en las ayudas que reciben los profesionales de la agricultura.

Para buena parte de las explotaciones agrícolas y ganaderas esta subida del SMI, que lleva aparejada un crecimiento encadenado de los costes de cotización a la Seguridad Social, así como de los costes indemnizatorios, es absolutamente inasumible, ya que llega en un momento de grave crisis de rentabilidad debida fundamentalmente a los bajos precios en origen y a los altos y crecientes costes de producción.

Desgraciadamente, los efectos que dejará en el campo no van a ser superfluos. Con unos costes de producción disparados se va a hacer peligrar la viabilidad de muchas explotaciones, se destruirá empleo en el sector, se reducirán las oportunidades para nuevos empleos y se corre el riesgo de generar empleo sumergido. De igual modo aumentará el riesgo de abandono de aquellos cultivos con mayor necesidad de mano de obra (viña, olivar, hortícolas, frutales,...). Todo esto supondrá destrucción del tejido productivo, de la actividad económica y mayores dificultades laborales para los núcleos rurales, aquejados ya seriamente por el despoblamiento y el abandono.

Resulta paradójico que esta subida del SMI se realice de forma unilateral por parte del Gobierno, eso sí, con la connivencia de los sindicatos, y sin contar con el consenso necesario de los que realmente proporcionan el empleo en nuestro país, los empresarios. Un gobierno que alardea de propugnar el diálogo social y el consenso no debería tomar decisiones tan trascendentales como esta sin tener en cuenta a los verdaderos artífices de la marcha de la economía y el empleo.