Ante la campaña puesta en marcha por la cadena de distribución LIDL con ofertas de patata a 0,90 euros/kilo asegurando que se trata de patata nueva (de esta campaña) y con origen España, ASAJA advierte a los consumidores sobre el engaño de tal oferta y pide al Ministerio de Agricultura que extreme los controles sobre los agentes de la cadena agroalimentaria para que se detecten, y sancionen en su caso, prácticas fraudulentas que perjudican tanto a los consumidores como a los productores españoles.

La patata nueva de origen nacional que los productores están sacando a la venta en estos momentos tiene un precio en origen de 0,60 euros/kg. y por tanto no es posible que una cadena de distribución la comercialice en el punto de venta a 0,90 euros/kg., una vez sumado los gastos de procesado, lavado, enmallado, etiquetado, transporte, etc. Se trata, según indagaciones realizadas por ASAJA, de patata procedente de la campaña anterior (sometida a varios meses de cámara frigorífica) y con origen francés.

Ante esto, apelamos al sentido común y a la responsabilidad de la cadena alimentaria, y en especial de la distribución, para que no utilice la patata como producto reclamo, recurriendo a partidas de patata importada o de inferior calidad, tratando de desestabilizar los precios y presionar para que los cultivadores nacionales vendan a pérdidas. Igualmente, ASAJA pide al ministerio de Agricultura máxima diligencia a la hora de velar por el cumplimiento de la Ley de la cadena agroalimentaria.

Cualquier presión para bajar los precios al productor se traduce en una reducción automática de las siembras, siendo especialmente sensibles cultivos como la patata, producción en la que en los últimos años ha habido un descenso de la superficie cultivada, y en la que España es deficitaria y tiene que importar para cubrir el consumo, una tendencia peligrosa de dependencia que nuestro país no se puede permitir.

En el caso de la patata, en España se consumen cerca de 2,5 millones de toneladas, de las que aproximadamente 1,2 millones se producen en España, y el resto es importado, sobre todo de Francia. Los umbrales de rentabilidad escasos son motivo principal de la reducción de la superficie de patata y ASAJA considera que no puede seguir perdiéndose superficie de patata, por ser una producción esencial para el país y también por su fuerte implantación en zonas como Castilla y León, con cerca de 2.000 cultivadores profesionales, Galicia, Andalucía y Murcia.

ASAJA recuerda que desde el pasado 31 de enero está abierto el registro de contratos alimentarios, en el que se deberán inscribir todos los contratos que se suscriban con el sector primario, antes de la entrega del producto, trámite que será obligatorio a partir del próximo 30 de junio. El contrato debe incluir el precio, que en todos los casos debe ser superior al total de costes asumidos por el productor, el denominado “coste efectivo de producción”. Por tanto, “respetar los beneficios legítimos del agricultor no solo es moral, sino también exigible legalmente, y esperamos que la Administración actúe en consecuencia ante el menor intento de romper las reglas que todos nos hemos marcado y que son las que garantizan que llegue un producto de calidad a los consumidores”, reclama ASAJA.