El Observatorio Ciudadano de la Sequía es un portal de ciencia ciudadana para avanzar en el mejor conocimiento del riesgo de sequía en España, que está coordinado por la Universidad Pablo de Olavide y que cuenta con la colaboración de la FECYT-Ministerio de Ciencia e Innovación, en su línea de proyectos de Ciencia Ciudadana.

El observatorio persigue contruir un Índice de Vulnerabilidad que nos permita conocer el estado en el que se encuentran nuestros territorios, de forma que se puedan implementar las medidas más adecuadas de mitigación y adaptación.

Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA muestran su más rotundo rechazo al documento de bases para la elaboración de una estrategia para la conservación y gestión del lobo en España planteado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Exigen su retirada inmediata y la apertura de un proceso de diálogo con todos los actores implicados (organizaciones profesionales agrarias, ONGs medioambientalistas, expertos y CC.AA afectadas) para negociar un nuevo plan de gestión y control del lobo que recoja un análisis actualizado del número real de manadas y ejemplares que existen en España y las posibles medidas para facilitar la coexistencia con la ganadería, el control poblacional y las compensaciones frente a los daños.

De toda el agua que hay en nuestro planeta, el 97% es salada y el 2% está congelada, por lo que tan sólo se dispone de un 1% para uso humano, que debe repartirse entre el uso doméstico, el industrial y el agrícola. Por ello, resulta imprescindible una buena práctica del riego. En primer lugar, porque la población de nuestro planeta no deja de aumentar y se prevé que en 2050 alcance los 10.000 millones de personas.

De toda el agua que hay en nuestro planeta, el 97% es salada y el 2% está congelada, por lo que tan sólo se dispone de un 1% para uso humano, que debe repartirse entre el uso doméstico, el industrial y el agrícola. Por ello, resulta imprescindible una buena práctica del riego. En primer lugar, porque la población de nuestro planeta no deja de aumentar y se prevé que en 2050 alcance los 10.000 millones de personas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha abierto hoy el plazo para solicitar las ayudas dirigidas a incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas forestales de Andalucía de la convocatoria 2019, cuya dotación asciende a 106 millones de euros. Esta dotación presupuestaria supone el doble de la convocatoria 2012 (51 millones de euros), la última abierta en la Comunidad Autónoma hasta ahora.

El pasado 1 de junio se conocía la propuesta de la Comisión Europea para la Política Agraria Común (PAC) que se aplicará a partir de 2020, abriéndose el periodo de debate sobre la normativa que regirá la aplicación de las ayudas europeas al campo. Un periodo que «se antoja corto» ya que «hay serias dudas de que la propuesta para la reforma de la próxima PAC pueda llegar a un acuerdo formal antes de la disolución del Parlamento previo a las elecciones europeas en 2019», señala Asaja Sevilla.

 La Consejería de Agricultura de Andalucía, la región con más agricultores de España, carece de los medios técnicos y humanos suficientes para tramitar y gestionar adecuadamente las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Un mes después de que se abriera el plazo para la solicitud de estos pagos que concede la Unión Europea y que representan el 30% de los ingresos del campo andaluz los agricultores y ganaderos no cuentan aún con la normativa que los regula, no han tenido respuesta a la solicitud de ayudas agroambientales ni a las alegaciones y correcciones de errores de la campaña anterior y además, durante las tres primeras semanas del periodo oficial de solicitud, ha estado inoperativa la plataforma informática para tramitar las ayudas.

Si bien la reglamentación establece que el periodo de presentación de solicitudes va del 1 de febrero al 30 de abril, con lo que los agricultores y ganaderos cuentan teóricamente con tres meses para tramitar en las organizaciones agrarias y entidades reconocidas sus solicitudes, el hecho es que en todo el mes de febrero se han presentado menos de 500 expedientes en toda Andalucía, cuando deberían haberse presentado ya unos 90.000 expedientes, a razón de 4.500 diarios, para poder cumplimentar adecuadamente los 272.000 expedientes de ayudas de la PAC que se presentan anualmente en Andalucía, la región de España que más solicitudes tramita.