"El apoyo de la UE a los jóvenes agricultores debería estar mejor orientado a favorecer un relevo generacional eficaz".Como publica la periodista Marta Maldonado en La Razón, esa afirmación no es una opinión, si no el título-conclusión del informe especial que el Tribunal Cuentas de la Unión Europea elaboró sobre las ayudas que concede a menores de 40 años para iniciar su actividad en el campo.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) ha modificado el criterio de la jubilación activa del trabajador autónomo que debe acreditar la formalización, como empleador, de un contrato de trabajo para el desempeño de un puesto de trabajo relacionado con la actividad por la que haya dado lugar a su alta en el sistema de seguridad social como trabajador autónomo. 

En definitiva que los autónomos que compatibilicen salario y jubilación al 100% deben formalizar un contrato por cuenta ajena en su respectivo ámbito de actividad.

ASAJA-Sevilla celebrará el próximo 14 de junio, jueves, en el salón de actos de la Caja Rural del Sur (C/Murillo 2) una Jornada informativa sobre relaciones laborales y Seguridad Social en el sector agrario.

En dicha jornada, que será inaugurada por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil –Toresano, y el presidente de ASAJA Sevilla, Ricardo Serra, se abordarán asuntos de máximo interés en esta materia, como la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo y sus particularidades para el sector agrario, o los planes y criterios de actuación de la inspección de trabajo y la Seguridad Social en nuestro sector.

Uno de cada tres agricultores andaluces ha superado la edad de jubilación. Por eso, uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector agrario es el envejecimiento de los titulares de las explotaciones agrarias y la necesidad de facilitar el relevo generacional que garantice su continuidad y profesionalización. Así los explican los asesores fiscales de ASAJA-Sevilla, Ángel Martín y Daniel Martín en una tribuna publicada en AGR Andalucía, del Grupo Joly, donde recuerdan que esa necesidad no se encontraba atendida ni en la legislación autonómica andaluza del Impuesto sobre Sucesiones ni en la estatal, que establece una reducción para empresas familiares que no se adapta a la realidad agraria.