La prohibición de vender productos por debajo de los costes productivos es la medida estrella del Real Decreto 5/2020, aprobado el pasado 25 de febrero en plena oleada de protestas de los agricultores españoles, que sacaron sus tractores a la calle exigiendo, entre otras cosas, corregir los desequilibrios en la cadena alimentaria, donde el productor es el eslabón más débil.
Como publica la periodista Inma Lopera en ABC, con este Real Decreto el Gobierno central prevé modificar la Ley de la cadena alimentaria promulgada en 2013, para dotar de mayor transparencia a las relaciones comerciales, reforzar la posición del productor y eliminar las prácticas comerciales desleales.
El pasado 30 de abril se cerró el plazo de consulta pública por el que ciudadanos, organizaciones y asociaciones han podido expresar su opinión a las modificaciones previstas y así enriquecer el proceso de elaboración del anteproyecto de ley. Un proceso en el que buena parte de las consultas se han centrado en las dudas que genera la prohibición de venta por debajo de costes en cuanto a su legalidad, interpretación y aplicación real.
«Los antecedentes jurisprudenciales, doctrinales y administrativos no son halagüeños», como declara en ABC el asesor jurídico de ASAJA-Sevilla, Emilio Vieira, ya que «la postura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es radicalmente contraria a la aplicación de un suelo en los precios coincidente con los costes de producción».
Adjuntamos el artículo de ABC: 11_05_2020_ABC_LEY_CADENA
