Los regantes acogieron con enorme satisfacción la aprobación, en marzo de 2018, de la nueva Ley 1/2018 de Medidas Urgentes para la Sequía, ya que abría la puerta a contratar dos potencias eléctricas en un mismo año. Algo que el sector del regadío venía reclamando con especial ahínco desde 2008, cuando desaparecieron las tarifas especiales con la excusa de cubrir el déficit de tarifa.

Sin embargo, como publica la periodista Inma Lopera en ABC, más de un año después «aún no se ha puesto en marcha» por lo que los agricultores se enfrentan a una nueva campaña de riego «en la que, una vez más, la mitad del coste de potencia por año y explotación agraria lo estamos regalando al Estado, pues estamos pagando los meses que regamos y también los que no regamos», denuncia el secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín.

ASAJA siempre ha defendido que se reconozca el carácter estacional del regadío, lo que hace que se necesite una elevada potencia para bombear el agua en los meses sector, normalmente de mayo a septiembre, y una potencia más baja el resto del año. Así, de entrar en vigor la ley aprobada y publicada en BOE durante el Gobierno de Mariano Rajoy (y que no ha sido derogada en las sucesivas Legislaturas), los regantes podrían firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro, con una potencia mínima, el resto del año para mantener los equipos, de modo que evitarían pagar durante doce meses por un servicio que solo utilizan en la campaña de riego.

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