Miles de agricultores y ganaderos de toda Andalucía secundarán mañana el paro agrario convocado por ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y se manifestarán en Sevilla precedidos por cientos de tractores para demandar atención al campo y soluciones a lo que, a juicio de los convocantes, es ya un problema de Estado.

La subida de los costes de producción, la competencia desleal de terceros países, la reforma y el Plan Estratégico de la PAC, las novedades laborales y una sequía severa, que asfixia al sector productor, son algunos de los problemas que están comprometiendo el futuro del sector agrario andaluz, una actividad clave para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, que crea empleo, fija población al territorio y vela por el medio ambiente.

Productores y cooperativas creen necesario que se articulen medidas urgentes que garanticen precios justos en origen, ayudas por la inasumible subida de los costes de producción, un control exhaustivo y reciprocidad sobre las importaciones de terceros países, que se corrija el Plan Estratégico de la PAC que ataca la competitividad del sector agrario andaluz y le priva de 450 millones de euros, y una política hídrica real y consensuada, acompañada de ayudas e inversiones, que permitan paliar los nefastos efectos de la sequía.

Por todo ello, ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía convocan mañana viernes, 25 de febrero, al sector agrario andaluz al completo a secundar esta gran manifestación, a pie o sobre tractor, para exigir a las Administraciones públicas, sean del color político que sean, medidas coherentes y reales con la sostenibilidad y el desarrollo del campo.

La movilización partirá a las 10:00 horas de la explanada del Estadio Benito Villamarín, recorrerá a la Avenida de La Palmera y culminará en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, en la Plaza de España, donde las organizaciones convocantes leerán un manifiesto en el que exigirán que toda esta problemática sea abordada con la magnitud que se merece, como una cuestión de Estado, y de manera transversal por parte del Gobierno central, de la Junta de Andalucía y de todas las administraciones competentes.