Incertidumbre. Eso es lo que sienten los agricultores andaluces, que no saben ni cómo empezar a cuadrar los planes de siembra, ahora que ha arrancado oficialmente  el año agrícola, como publica la periodista Natalia Ortiz en ABC.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha salido con la suya. Ayer mostraba su felicidad por la aprobación definitiva por parte de la Unión Europea del Plan Estratégico que España ha diseñado para llevar a cabo la aplicación, a partir del 1 de enero de 2023, de la nueva reforma de la Política Agraria Común –PAC-.

Una dicha que el sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, no entiende ni aprueba, ya que el ministro ha culminado lo que siempre “inexplicablemente” ha perseguido, que es el trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades autónomas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha atendido las demandas de ASAJA y de la Federación de Arroceros de Sevilla y eximirá a las explotaciones de arroz de Andalucía, que se localizan principalmente en las provincias de Sevilla y Cádiz, del cumplimiento del requisito de diversificación de cultivos para acceder al pago verde de la PAC.

Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) son entidades sin ánimo de lucro que gestionan fondos públicos de la Unión Europea (Feader) y del Gobierno andaluz para apoyar iniciativas de diversificación económica con el fin de mejorar la calidad de vida en el medio rural. Como explica la periodista Inma Lopera en ABC, Andalucía cuenta con un total de 49 GDR que son los encargados de poner en marcha en el territorio el enfoque Leader, como se conoce a la aplicación de las políticas de desarrollo rural a nivel local dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR) andaluz del actual marco comunitario 2014-2020.

En la última versión de Leader, según denuncia en ABC ASAJA-Sevilla, la Consejería de Agricultura, para evitar problemas de complementariedad de fondos (es decir, que se solapen las ayudas concedidas por los GDR con otras ayudas contempladas dentro del resto de medidas del PDR), «ha limitado las inversiones en las explotaciones agrarias y ganaderas a un máximo subvencionable de 6.000 euros, una barrera que supone dejar fuera de los Grupos de Desarrollo Rural a todo lo relacionado con la agricultura y a los proyectos de los emprendedores del sector agrario de cada zona, sin tener en cuenta que el territorio rural es eminentemente agrario», explica el técnico y responsable del área de Desarrollo Rural de la patronal agraria, José Antonio Gallo.