Por tercera vez el Gobierno de España incluye entre las medias de acompañamiento de una Ley la posibilidad de contratar la doble potencia eléctrica para los regadíos. Lo hizo ya en 2018 en la Ley de Sequía, volvió a hacerlo el año pasado al incorporar esta posibilidad en la Ley de Presupuestos de 2021 y en ninguna de estas dos ocasiones se desarrolló esta medida, que se incluye ahora de nuevo en la Ley de la Cadena Alimentaria. ¿La desarrollará esta vez el Gobierno? ¿Pondrá de una vez en marcha esta posibilidad para reducir el coste energético que sufren los regantes o nos seguirá tomando el pelo?

Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, reclaman a los diferentes grupos políticos que se prohíba la venta a pérdidas en la nueva Ley de Cadena Alimentaria. El proyecto de Ley de Cadena Alimentaria encara la recta final de las negociaciones en el Congreso de los Diputados y no se debe dejar pasar esta gran oportunidad para reforzar dicha normativa y aliviar las enormes dificultades que atraviesan agricultores y ganaderos. La crítica situación de sectores como el lácteo, con unos precios por debajo de los costes de producción, evidencia los incumplimientos de la Ley y la necesidad de acabar con prácticas comerciales abusivas que impiden la viabilidad económica de las explotaciones agrarias.

La regulación de la venta a pérdidas es una demanda histórica del sector productor, por lo que el Gobierno central tenía relativamente fácil contentar a los agricultores. Pero nada más lejos de la realidad. Como publica en ABC la periodista Inma Lopera, la nueva regulación de la venta a pérdidas no ha gustado al sector primario, que pide reunirse con el ministro de Agricultura Luis Planas para prohibir de forma efectiva su práctica.

ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias consideran “compleja, subjetiva y arbitraria” la nueva normativa que prohíbe la “venta a pérdidas” en el sector agroalimentario y vaticinan serios problemas jurídicos para que cualquier posible infracción derive en apertura de expediente. En este sentido, organizaciones agrarias y cooperativas consideran que se ha dado un “paso hacia atrás inaceptable” en la eliminación de esta perniciosa práctica, al tiempo que lamentan que se hayan impuesto las tesis del Ministerio de Comercio frente a las de Agricultura.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha realizado a lo largo de 2017 un total de 1.882 inspecciones de oficio, de las 3.669 llevadas a cabo desde el comienzo de su actividad inspectora en 2014. Esta cifra pone de relieve el esfuerzo de la Agencia por potenciar el control de las operaciones comerciales en la cadena alimentaria en beneficio de todos los operadores, ya que en un único año se han desarrollado la mitad de las inspecciones totales.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha publicado el Informe anual de la actividad inspectora y de control 2016 que presenta la estadística anual correspondiente al pasado ejercicio y, por primera vez, se suman a las inspecciones en la cadena el resto de funciones de la Agencia.

Según se desprende del Informe, 2016 ha sido el año en el que AICA se ha consolidado como organismo referente en el control de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Asaja Sevilla ha denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, asícomo ante la Junta de Andalucía, la venta de aceite de oliva por parte de una cadena de distribución a precios muy por debajo de coste con el único objetivo de «atraer clientes».

Como publica ABC, la denuncia se inicia tras tener conocimiento la patronal agraria de que la cadena DIA (Distribuidora Internacional de Alimentos, S.A.) vuelve a ofertar aceite de oliva en sus lineales a precio de 2,19 euros el litro, cuando el precio en origen del aceite lampante está según el sistema de información Poolred a 3,04 euros el kg, el del aceite virgen está a 3,08 y el del virgen extra a 3,12 euros el kg.

Asaja Sevilla critica este tipo de «políticas reclamo» usadas por la distribución para incrementar las ventas, ya que «banalizan un producto de calidad constatada» y exige iniciar una investigación urgente por si estas prácticas incumplen lo dispuesto en la ley de la Cadena Alimentaria o la de Ordenación del Comercio Minorista.

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