El Consejo de Gobierno de la Junta de la Andalucía insta al Gobierno de España a sumarse a la estrategia coordinada de apoyo al sector del aceite de oliva y a impulsar medidas para afrontar la crisis olivarera, haciendo llegar de forma contundente a la Unión Europea (UE) las reivindicaciones del sector. Así se recoge en la declaración institucional de apoyo al sector aceitero andaluz aprobada ayer en la reunión del Ejecutivo autonómico.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa) y el Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT) de los productos de este sector. La norma da respuesta a las reclamaciones de ASAJA-Sevilla para avanzar en la simplificación administrativa, reforzar la lucha contra los robos en el campo, mejorar la seguridad alimentaria y garantizar la trazabilidad en la primera fase de la comercialización. Los dos nuevos instrumentos son de carácter obligatorio, pero se regulan bajo el principio de máxima agilización de trámites.

El Consejo de Gobierno andaluz manifestó el pasado martes su criterio favorable a la proposición de Ley de Caminos Públicos Rurales, impulsada por el grupo socialista junto con el grupo parlamentario de Podemos Andalucía. Según el Ejecutivo andaluz, el objetivo de dicha Ley es cubrir el vacío normativo en relación a los caminos públicos rurales andaluces, que suman una red de más de 60.000 kilómetros.

Tras 35 años de quebranto y perjuicio, y gracias a la incisiva campaña puesta en marcha por ASAJA el pasado mes de noviembre, la Junta de Andalucía da por fin el paso y modifica el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para equiparar a las explotaciones agrarias andaluzas con las del resto de España.

El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha mostrado hoy su satisfacción con la aprobación en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del proyecto de Decreto-Ley de Medidas Urgentes relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que elimina una de las mayores trabas al relevo generacional en el campo, puesto que con la formulación actual del impuesto muchos agricultores que heredaban una explotación, en el momento de la sucesión no podían asumir el pago de las cuantías del impuesto de Sucesiones y Donaciones, y dado que no se admite la dación en pago con parte de la explotación, se veían obligados a renunciar a la herencia y por tanto a la continuidad de la explotación agraria.