La aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) continúa dando quebraderos de cabeza a los ganaderos andaluces, preocupación compartida por la Junta de Andalucía, como explica en ABC la periodista Inma Lopera, tras la sanción de unos 263 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a España por no aplicar correctamente esta normativa en el período 2009-2013.
Según Bruselas, el conocido como CAP se ha incorporado al ordenamiento jurídico nacional «tarde y mal», y de ahí que haya impuesto esta corrección financiera que afecta a las comunidades autónomas que incumplieron el coeficiente en los años 2009 al 2013, que son todas excepto seis: País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y Canarias.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha aprobado el reparto de la multa entre las 11 comunidades restantes afectadas, por lo que en el caso de Andalucía, la cantidad que se tendría que devolver asciende a un total de 63,7 millones de euros. Ante esta situación, la Consejería de Agricultura, con el respaldo unánime de las organizaciones agrarias, ha anunciado que mantendrá en la vía jurisdiccional la exigencia de que sea el Ministerio de Agricultura quien «asuma su responsabilidad» y «no cargue a las comunidades autónomas» el pago que le reclama la Comisión Europea por no haber transpuesto adecuadamente a la normativa nacional los requisitos para determinar las superficies admisibles de los pastos, ya que en este caso, el legislador ha sido el Ministerio y la Junta de Andalucía se la limitado a cumplir de Andalucía se la limitado a cumplir Organizaciones agrarias y Consejería de Agricultura hacen un frente común para exigir al Ministerio que no cargue a Andalucía la corrección financiera con la normativa de aplicación del coeficiente de pastos nacional.
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